El futuro de la mayor deuda que enfrenta la Argentina podría dar un giro inesperado. A pesar de que la jueza estadounidense Loretta Preska ya falló en contra del país, condenándolo a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford por la estatización de YPF, una denuncia reciente podría reabrir el caso y cambiar el destino del fallo.

El lunes pasado, la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA) presentó una solicitud ante la jueza Preska para que se analicen nuevas pruebas relacionadas con el proceso de estatización de YPF en 2008. La magistrada tomó en cuenta la denuncia y pidió a las partes involucradas, incluido el Estado argentino y la petrolera, que respondan antes del 25 de febrero.

Este nuevo escenario pone en juego una oportunidad clave para el Gobierno, que ahora deberá decidir si apoya la moción para frenar el pago millonario.

Las pruebas que podrían anular el fallo

La denuncia de RAFA, presentada por el abogado argentino Fernando Irazu, apunta directamente a la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008. Según la acusación, la familia Eskenazi habría adquirido esa participación con la complicidad del matrimonio Kirchner. Ambos en una maniobra que buscaba vaciar la petrolera para luego tomar el control de la compañía.

El conflicto estalló en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF, pero solo lo hizo sobre las acciones de Repsol, dejando afuera al Grupo Petersen. Tras algunos intentos de negociación, Petersen vendió los derechos de su reclamo judicial a los fondos Burford Capital y Eton Park, que terminaron demandando al Estado argentino en Nueva York.

Ahora, la presentación de RAFA ante la jueza Preska busca anular el fallo basándose en la Regla 60. Una disposición legal que permite reabrir un caso si se descubre que la sentencia fue obtenida mediante fraude o maniobras ilícitas.

Entre las pruebas presentadas se incluye la denuncia que Elisa Carrió realizó en 2006 en Comodoro Py. La cual señalaba que la compra de acciones de YPF había sido parte de un acuerdo. Uno entre los Kirchner y los Eskenazi para luego beneficiarse económicamente. La presentación también incorpora un informe secreto de la Unidad de Información Financiera (UIF). El cual fue elaborado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, y que detalla presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al Grupo Petersen.

El rol de Ariel Lijo y la falta de investigación en Argentina

Uno de los datos más llamativos de la presentación ante la Justicia de Estados Unidos es que gran parte de la información presentada ya estaba en poder de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, pero nunca fue investigada a fondo.

El juez encargado de la causa en Comodoro Py era Ariel Lijo, quien nunca llamó a indagatoria a ninguno de los implicados en la denuncia. Esta falta de avances en el expediente argentino podría haber permitido que la demanda contra el Estado prosperara en Nueva York sin que se cuestionaran las irregularidades en el origen de la causa.

Un nuevo escenario para el gobierno de Milei

Con el fallo ya emitido, el gobierno de Javier Milei enfrenta una decisión clave. Hasta ahora la estrategia oficial había sido explorar formas de reducir el monto de la condena o negociar un plan de pagos. Sin embargo, la moción presentada por RAFA abre una puerta inesperada para frenar el proceso.

Sin embargo, el Estado argentino e YPF deben definir su posición antes del 25 de febrero. Si deciden respaldar la denuncia, podrían sumarse al pedido de anulación del fallo. En consecuencia, solicitar una investigación penal sobre los hechos que dieron origen a la demanda.

La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, respaldó la presentación. A su vez, afirmó que se trata de una oportunidad única para demostrar que el reclamo de Burford se basa en maniobras fraudulentas. Según la legisladora, el juicio en Nueva York “fue presentado como una disputa comercial, cuando en realidad estamos ante un esquema criminal internacional. El cual utilizó la Justicia estadounidense para ejecutar una estafa contra el Estado argentino”.