El sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, se encuentra con un acuerdo paritario muy por debajo de lo que esperaba. A pesar de haber solicitado un aumento cercano al 15%, el gremio se ve obligado a conformarse con un 5,5% en total para los primeros tres meses del año. Con incrementos del 2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero, los camioneros terminan cerrando un acuerdo muy por debajo de sus expectativas, que representaban casi el triple de lo que finalmente se acordó. Si bien se logró un bono de $600.000, pagadero en cuatro cuotas, la cifra resultaba desmesurada frente a los aumentos salariales que otros sectores lograron, ajustados de acuerdo a la inflación.

Este cierre de paritaria deja al descubierto la disparidad entre lo solicitado por el sindicato y las condiciones que enfrenta el país, lo que ha generado tensiones. Los camioneros, que históricamente han estado cercanos a los gobiernos kirchneristas, parecían buscar un acuerdo que fuera mucho más allá de la inflación, en un claro intento de desestabilizar y confrontar con la actual administración.

Mientras otros sectores sindicales han acordado incrementos alineados con el índice de inflación o incluso ligeramente por debajo, los camioneros parecían querer escalar una lucha que no se correspondía con el contexto económico actual.

El contexto político y las presiones sobre el Gobierno

La paritaria de Camioneros no solo refleja una disputa salarial, sino también una clara estrategia política. El gremio de Moyano intentó aprovechar la situación para presionar al Gobierno nacional, exigiendo aumentos mucho mayores a los previstos, en un intento por desestabilizar y poner en jaque la gestión de Javier Milei. A medida que las conversaciones se prolongaban, las amenazas de medidas de fuerza se hicieron cada vez más presentes.

En un momento en que los acuerdos salariales en otros sectores siguen de cerca el índice de inflación o se mantienen muy cerca de este, la postura del sindicato camionero parecía tener como objetivo la confrontación política más que la mejora real de las condiciones laborales de sus trabajadores.