El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen para los viajes oficiales al exterior de los funcionarios y restringió el acceso a pasajes en clase ejecutiva, limitó el tamaño de las comitivas y endureció los requisitos de autorización.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 9/2026 y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del canciller Pablo Quirno. Según el texto, el objetivo es reducir gastos, simplificar los circuitos administrativos y optimizar los recursos del Estado.

Desde ahora, solo el jefe de Gabinete podrá autorizar los viajes al exterior de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango equivalente. En el caso de jerarquías inferiores, la aprobación quedará en manos de ministros, secretarios o titulares de organismos descentralizados.

Cada traslado deberá formalizarse mediante un “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que presentarse al menos diez días hábiles antes de la partida, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. El documento deberá estar firmado por el funcionario que viaja o por su superior jerárquico y por la autoridad que aprueba la misión.

La norma fija además un límite de un solo funcionario por evento o actividad internacional. Si se pretende ampliar la comitiva, deberá fundamentarse bajo el criterio de “exigencia excepcional”.

En cuanto a los pasajes, el nuevo esquema divide a los funcionarios en grupos. El Grupo A —que incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios de la Presidencia, el procurador del Tesoro, el síndico general, jefes de fuerzas de seguridad y el presidente del Banco Central— podrá volar en clase ejecutiva. El Grupo B, integrado por secretarios ministeriales, subsecretarios, embajadores, autoridades de empresas estatales, rectores de universidades nacionales y el presidente del Banco Nación, deberá viajar en clase económica, salvo excepciones por razones de salud, seguridad o productividad que requerirán autorización previa. Los Grupos C y D, que abarcan directores nacionales, gerentes y el resto del personal, solo podrán viajar en clase económica.

El texto aclara que cualquier mejora de clase deberá ser abonada por el propio funcionario y que el régimen rige desde su publicación oficial.

Según el documento, la decisión busca “reducir cargas operativas, optimizar los procesos internos y promover una gestión eficiente de los recursos del Estado Nacional”, además de simplificar los trámites vinculados a misiones y comisiones oficiales en el exterior.