En un movimiento que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y enfrentar amenazas de seguridad interna y externa, el presidente Javier Milei está a punto de firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para transformar la actual Cartera de Seguridad en el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional. Este cambio, que será más que una modificación de nomenclatura, ampliará significativamente las competencias de Patricia Bullrich, consolidándola como una figura clave dentro del Gabinete.

Según fuentes gubernamentales, esta reestructuración permitirá a la ministra asumir responsabilidades que hasta ahora recaían en otras áreas, como Defensa y Jefatura de Gabinete. La medida también incluye un plan para fortalecer la presencia de las fuerzas federales fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), buscando equilibrar su despliegue en todo el país.

Un modelo inspirado en el Homeland Security de Estados Unidos

El nuevo ministerio toma como referencia el Homeland Security de Estados Unidos, un modelo que combina diversas funciones para coordinar la seguridad nacional. Este enfoque busca modernizar el sistema argentino, considerado obsoleto frente a las amenazas contemporáneas como el terrorismo y el narcotráfico.

“Es un paso esencial para que el Gobierno tenga un control más efectivo sobre situaciones críticas, ya sean de origen social, climático o estratégico”, explicó un funcionario cercano a la gestión. Este cambio no solo refuerza el papel de Bullrich en el organigrama gubernamental, sino que también la posiciona como responsable de coordinar el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), encargado de articular respuestas ante crisis.

Reformas estructurales y un “FBI argentino”

Bullrich planea profundas reformas en las fuerzas federales, en especial en la Policía Federal Argentina (PFA). Una de sus propuestas más ambiciosas es incrementar la cantidad de investigadores en la fuerza, buscando que pasen del actual 15% al 40%. Este cambio se alinea con la idea de crear una agencia de investigación con un modelo similar al FBI estadounidense, propuesta que formó parte de su campaña política.

Además, el Gobierno planea redistribuir a los efectivos de la PFA, que actualmente están concentrados en un 60% en el AMBA. El objetivo es que un 70% de los agentes se despliegue en las provincias, fortaleciendo la capacidad operativa en las regiones más vulnerables al crimen organizado. El flamante ministerio también absorberá el Sistema de Manejo del Fuego, actualmente bajo la órbita de Turismo, Ambiente y Deportes, como parte de una estrategia más amplia para centralizar y optimizar recursos.