El Gobierno confirmó que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad formará parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán del 2 al 27 de febrero. La iniciativa, enmarcada en la Ley Penal Juvenil, volverá así al centro de la discusión legislativa en medio de una fuerte presión del oficialismo para acelerar su tratamiento.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la decisión tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En su cuenta de X publicó: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”. El encuentro incluyó a Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt, entre otros funcionarios.

Desde el oficialismo endurecieron el tono. Patricia Bullrich sostuvo: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. No más excusas ni dilaciones. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes».

En la misma línea, el diputado Luis Petri planteó: “¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?“. Y agregó: “¡El presidente Javier Milei habilitará su tratamiento en extraordinarias! Bajar la edad de imputabilidad es un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación”.

El debate tiene como antecedente el trabajo del plenario de comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, que el año pasado unificó 12 proyectos. El dictamen de mayoría, con respaldo de LLA, PRO, UCR, bloques provinciales, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, modificó la propuesta original del Ejecutivo.

El texto consensuado fijó la edad de imputabilidad en 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores a 10, como servicios comunitarios, prohibiciones y reparaciones económicas. Unión por la Patria defendió mantener el piso en 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación al régimen vigente.

Con el temario ya confirmado para extraordinarias, el oficialismo busca capitalizar el consenso alcanzado en comisiones y forzar una definición política en un tema que divide al Congreso y vuelve a instalar el eje de seguridad y justicia juvenil en la agenda nacional.