Tras varias postergaciones, el oficialismo convocó para el martes una reunión clave en el Congreso. El objetivo es avanzar con el dictamen de un proyecto que propone reducir la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado por delitos penales, de los 16 a los 14 años.

La propuesta cuenta con el impulso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En un principio, el proyecto original planteaba bajar el umbral a 13 años, pero el texto será modificado para lograr mayor consenso.

La reunión se llevará a cabo en el plenario de comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia. Con este nuevo enfoque, La Libertad Avanza sumaría el apoyo del PRO, la UCR, el MID y otros bloques aliados, lo que permitiría alcanzar el dictamen de mayoría.

Actualmente, hay 14 iniciativas legislativas en debate. Algunas proponen bajar la edad a 12 años, mientras que otras sugieren mantener el régimen actual. El consenso mayoritario, sin embargo, se inclina por fijarla en 14 años.

Medidas alternativas y límites a las penas

Además de la edad, el proyecto contempla medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, amonestaciones, prohibiciones de acercamiento o reparaciones a las víctimas. La idea es equilibrar la respuesta penal con un enfoque de reintegración.

Uno de los puntos más discutidos es el de las penas. El oficialismo propone un tope de 20 años de prisión, mientras que la oposición dialoguista plantea un máximo de 15 años. En todos los casos, queda descartada la posibilidad de imponer penas de prisión o reclusión perpetua.

Problemas estructurales aún sin resolver

El debate también puso en evidencia la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores que podrían quedar detenidos bajo el nuevo régimen. Legisladores advirtieron que el sistema actual no está preparado para absorber un eventual incremento en el número de imputados.

A pesar de esto, el proyecto no incluye una partida presupuestaria específica para la construcción de nuevos centros de detención juvenil. Esta omisión generó inquietud, incluso entre algunos aliados del oficialismo.