En el inicio de la agenda política de 2026, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para las sesiones ordinarias del Congreso, con el objetivo de concentrar la negociación parlamentaria en la reforma laboral, prevista como prioridad para las extraordinarias de febrero.

La estrategia se discute en el entorno del presidente Javier Milei y se apoya en la idea de “enfocar energías” en la aprobación del proyecto que modifica el régimen del trabajo, uno de los pilares legislativos de la segunda etapa del oficialismo.

Por qué el Gobierno no quiere sumar el Código Penal al temario de extraordinarias

Según fuentes citadas por Infobae, en las filas libertarias consideran que la reforma penal —por su volumen y complejidad— debería tratarse durante el período ordinario que comienza el 1° de marzo, para permitir un debate más extenso y ordenado.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, señaló un funcionario con acceso a la estrategia legislativa del oficialismo.

En el Gobierno sostienen que el temario de las extraordinarias ya es amplio y que sumar otro objetivo de peso podría complicar los acuerdos. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, admitieron fuentes oficiales.

El proyecto del nuevo Código Penal todavía no llegó al Congreso

Aunque inicialmente existía la intención de incluir la reforma del Código Penal en el período extraordinario, esa posibilidad perdió fuerza con el correr de los días. Hasta el momento, el texto no fue enviado al Congreso y los legisladores todavía no accedieron al contenido definitivo.

El proyecto habría sido elaborado por una “mesa judicial” encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Tendría más de 900 artículos, con el objetivo de endurecer penas y reformular criterios de política criminal.

Endurecimiento de penas y “el que la hace las paga”

De acuerdo con fuentes vinculadas al diseño de la iniciativa, la propuesta busca intensificar la política criminal y dotar a los magistrados de nuevas herramientas. Y con la intención de evitar “arbitrariedades” en la evaluación de causas.

En ese marco, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, involucrada en el armado, sintetizó el enfoque del proyecto. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”.