Este miércoles, a partir de las 14 horas, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que preside Hugo Yasky debatirá los proyectos de ley que proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios en torno a iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.

Uno de los proyectos del oficialismo, establece la modificación del artículo 213 para estipular que persona que «niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad» podrá recibir una pena de prisión de tres meses a dos años. Además señala que habrá penalizaciones económicas de «10.000 a 100.000 pesos».

En cuanto a los agravantes, prevé que los funcionarios públicos pertenecientes a cualquier «Poder del Estado, jerarquía o jurisdicción» serán destituidos de su cargo e inhabilitados para ocupar cargos públicos «por el termino de diez años» si durante el ejercicio de su función realizan «manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad». Y agrega: «Será reprimida con multa económica del doble de la fijada de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 213 ter de la presente Ley, el funcionario o la funcionaria que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad».

En cuanto al proyecto de Moisés, también propone modificar el artículo 213 creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer «sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena». Además, establece que el funcionario o funcionaria pública que haya sido apartado del cargo «deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación».

Entre otros aspectos distintivos, el proyecto dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Y establece que dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Los dichos negacionistas de Javier Milei

La temática volvió al foco del debate luego de los dichos del candidato a presidente Javier Milei en relación a la negación del Terrorismo de Estado de la década del ’70 y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar (1976-1983). Durante el primer debate presidencial, el candidato negó la cifra de 30.000 desaparecidos y se refirió a los hechos como «una guerra» donde el Estado cometió «excesos», muchos argentinos compararon la postura de Milei con la justificación que presentaron los militares durante el Juicio a las Juntas.