La Justicia tomó este lunes nuevas declaraciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron en Comodoro Py. Allí explicaron de dónde salió el dinero que utilizaron para otorgar un préstamo en dólares.

Las testigos, madre e hija y ambas policías, declararon durante más de dos horas ante el fiscal. Aunque evitaron hablar con la prensa al salir, en su exposición detallaron que los US$100.000 prestados en 2024 fueron entregados en efectivo en la escribanía de Adriana Nechevenko. También afirmaron que no conocían personalmente a Adorni y que fue la escribana quien las contactó.

Según indicaron, el dinero provino de distintas fuentes, entre ellas juicios laborales, diferencias salariales y sucesiones vinculadas al entorno familiar. A partir de ese acuerdo, explicaron que el funcionario realiza pagos mensuales superiores a los 900 dólares, con una tasa estimada del 11% anual. Además, señalaron que en algunas ocasiones se cancelaron varias cuotas juntas.

Durante la testimonial, las mujeres presentaron documentación y mostraron conversaciones con la escribana desde sus teléfonos. También aportaron recibos de pago y detallaron que el dinero suele ser dejado en la escribanía por el propio Adorni o colaboradores, para luego ser retirado por ellas.

El acuerdo, que ya registra un pago de US$30.000, vence en noviembre de este año. Según lo expuesto, el jefe de Gabinete aún adeuda US$70.000 en el marco de ese préstamo.

La fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos y determinar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica de las acreedoras. En ese sentido, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información patrimonial para verificar la trazabilidad del dinero.

El foco también está puesto en la lógica financiera de los acuerdos, en especial en el uso de hipotecas entre privados y esquemas de financiamiento poco habituales. En paralelo, la causa ya incorporó análisis sobre gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que serán contrastados con los ingresos declarados por el funcionario.

El miércoles será el turno de las vendedoras de un departamento en Caballito que también figuran como acreedoras en otra operación bajo análisis. La Justicia intentará determinar si contaban con capacidad económica para financiar una venta con un saldo de US$200.000 sin intereses.

El expediente se originó a partir de una denuncia por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial será aclarada con la documentación oficial.