El magistrado Marcelo Aguinsky ya envió al juzgado de Campana el expediente por la quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y conocida como Causa AFA. El juez González Charvay deberá rastrear la posible existencia de una estructura financiera internacional.

El destino de la causa penal por supuesto lavado de activos, que busca dar con la ruta del dinero que vincularía a dirigentes de la AFA con la compra mediante testaferros de una lujosa propiedad, quedó desde este miércoles en manos de la justicia federal de Campana. La casaquinta ubicada en Pilar está valuada en 17 millones de dólares y cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón que guarda 54 autos y motos de alta gama.

La causa judicial, que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre jubilada, integrantes de la sociedad propietaria de todos los bienes, Real Central, ya está en manos del nuevo y tercer juez que investigará el caso, Adrián González Charvay.

El juez en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Aguinsky envió en las últimas horas todo el expediente al magistrado federal de esa jurisdicción, y cumplió así con lo resuelto ayer por el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones. La evidencia recolectada en los últimos meses se guarda en formato digital, por lo cual bastó dar “enter” para remitirla al juzgado de Campana desde la sede del juzgado en lo penal económico N° 10 de CABA.

Nuevas ramas

La causa penal es una unidad, explicaron a este medio fuentes del caso, y por eso también desde ahora González Charvay investigará el aspecto vinculado a la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino entre 2021 y 2025, mediante una red de intermediarios financieros en el exterior que habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, en base a una ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica, que fue impulsada por la fiscalía.

Esta parte de la pesquisa incluye, entre otras firmas mencionadas, a TourProdEnter LLC, del empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Entretelones del cambio de juez

Desde que la Coalición Cívica presentó la denuncia, el expediente atravesó una serie de idas y vueltas judiciales: ya pasó por tres jueces y, en consecuencia, por tres fiscales. Además, intervinieron dos tribunales de apelaciones, las Cámaras Federales de CABA y de San Martín. A partir de ahora, la investigación quedará bajo la órbita del juez González Charvay y del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas, quien previamente se había opuesto al cambio de jurisdicción por considerarlo prematuro.

La causa se inició en Comodoro Py y, por sorteo, quedó en manos del juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente a favor del fuero penal económico. Sin embargo, antes de apartarse, impulsó las primeras medidas de prueba: ordenó allanamientos en la quinta de Villa Rosa y en otras dos propiedades de Pilar, prohibió la salida del país de Pantano y de su madre Ana Conte, y dispuso la tasación de los bienes incautados, entre ellos una flota de 54 autos y motos de alta gama.

La Cámara Federal confirmó luego el pase al fuero penal económico, lo que llevó el expediente al juzgado 10, subrogado por Aguinsky. El magistrado habilitó la feria judicial de enero y citó a indagatoria a los imputados, pero la defensa pidió su inhibición por razones territoriales, argumentando que los bienes se encuentran en Pilar, bajo jurisdicción de Campana.

Detalles de la investigación

Aunque González Charvay hizo lugar al planteo, Aguinsky se negó inicialmente a ceder la causa, al considerar que investigaba un presunto lavado de activos derivado de una posible defraudación a los asociados de la AFA, cuyo epicentro estaría en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, se incorporó un informe que reveló que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA, cuyo resumen llegaba a la sede de Viamonte, para pagar peajes y gastos de servicios de distintos domicilios. Esa prueba forma parte del material que ahora quedó bajo análisis del nuevo juez.

Finalmente, el camarista Alberto Lugones resolvió hacer lugar a la inhibitoria y destacó que la AFA inscribió oficialmente su cambio de domicilio a la localidad de Pilar en noviembre de 2024, lo que terminó de inclinar la balanza en favor de la competencia del juzgado federal de Campana.