El fiscal federal Franco Picardi ratificó este miércoles la validez de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y pidió rechazar el intento de la familia Kovalivker de cerrar la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dictamen, elevado al juez Sebastián Casanello, consideró “contradictorio” y “entorpecedor” el planteo de la defensa y defendió la legalidad de todo el proceso.

Martín Magram, abogado de Eduardo Kovalivker y de sus hijos Jonathan y Emmanuel, dueños de la droguería Suizo Argentina, había solicitado la nulidad absoluta del expediente. Argumentó que la investigación comenzó a partir de grabaciones clandestinas que violaban la intimidad de Spagnuolo. O, incluso, que podían haber sido creadas mediante inteligencia artificial.

Picardi rechazó ese planteo y recordó que la causa se inició con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, que ya contaba con “robustez suficiente” y se apoyaba en grabaciones difundidas públicamente el día anterior. Además, destacó que la investigación se abrió después de que el presidente Javier Milei dispusiera la salida de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, responsable del programa Incluir Salud, y decidiera intervenir la agencia.

Argumentos de la fiscalía

Para el fiscal, no es posible sostener la supuesta violación de la intimidad, dado que Spagnuolo era un funcionario de alto rango y, por lo tanto, con menor expectativa de privacidad. Subrayó también que los audios fueron tomados en un ámbito público, con ruido ambiente, y que contenían hechos de corrupción que debían ser denunciados.

Picardi citó jurisprudencia para reforzar que quien narra voluntariamente hechos ilícitos “asume el riesgo de que esos hechos puedan reproducirse ante los tribunales”. Además, remarcó que la investigación no depende únicamente de los audios: Fernando Cerimedo, exestratega comunicacional libertario, declaró bajo juramento que Spagnuolo le había relatado en 2024 maniobras de corrupción, mucho antes de la difusión de las grabaciones.

“Caza de brujas” y respuesta judicial

La defensa de los Kovalivker había calificado la investigación como una “excursión de pesca” o “caza de brujas”. Picardi fue categórico: “Cada una de las medidas adoptadas en el marco de la investigación han resultado pertinentes, legales y razonables”. Y añadió que ninguna de ellas vulneró garantías constitucionales.

“El planteo constituye un intento infundado, basado en opiniones y suposiciones sin respaldo probatorio, de teñir de ilegal el accionar de la justicia federal”, sostuvo el fiscal.

Próxima decisión de Casanello

Con este dictamen, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de resolver el planteo. La querella, representada por la ONG Poder Ciudadano, ya había rechazado el pedido de la defensa en la misma línea que la fiscalía. En cambio, los abogados de Spagnuolo y de Garbellini evitaron pronunciarse.

La causa se centra en un supuesto circuito de corrupción entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. Y donde se habrían direccionado compras de medicamentos y contrataciones públicas con sobreprecios o retornos ilegales. Los 50 audios presentados por el periodista Mauro Federico son una pieza clave del expediente y mencionan directamente a la firma. Mientras que otras droguerías aparecen de manera indirecta.

Según la hipótesis de los investigadores, Suizo Argentina habría sido un canal esencial para cobrar y distribuir coimas. Allí también se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem como partícipes de las maniobras.