Los conflictos territoriales vinculados a comunidades mapuches en la Patagonia siguen abiertos, suman nuevos episodios y, según denunció la Asociación Civil Consenso Patagonia, se desarrollan en un clima de tensión cada vez mayor. La entidad sostiene que en varias provincias persisten ocupaciones sobre tierras públicas y privadas, mientras continúan sin ejecutarse fallos judiciales que ordenan desalojos.

El diagnóstico más crítico apunta a Neuquén. Juan Trebino, director ejecutivo de Consenso Patagonia, aseguró que allí existen causas con sentencia firme de restitución que no se cumplen porque, según afirmó, el gobierno provincial evita intervenir de manera directa. En esa línea, sostuvo que hay una decisión política de no asumir el costo de esos operativos, aun cuando la Justicia ya se pronunció.

Neuquén, en el centro de las denuncias

Uno de los casos mencionados vuelve a poner el foco en Villa la Angostura. Según relató Trebino, distintos magistrados ordenaron restituir territorios ocupados a sus propietarios, tanto privados como estatales, pero esas decisiones todavía no se concretaron. En ese contexto, cuestionó la falta de acción del gobierno de Rolando Figueroa frente a resoluciones judiciales ya firmes.

En la misma zona también aparece el conflicto por una traza vial. Vecinos de Villa la Angostura, citados en la nota, señalaron que la comunidad Paicil Antriao se asentó sobre el recorrido proyectado para una ruta nacional y, a partir de allí, comenzó a reclamar compensaciones y beneficios. El texto también recuerda que, años atrás, esa comunidad se adjudicó hechos de vandalización contra maquinaria utilizada en la obra.

La expansión de Vaca Muerta y la presión sobre otros territorios

Las tensiones no se limitan al sur cordillerano. Según la misma fuente, también surgieron conflictos en áreas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Trebino afirmó que, en esos casos, lo que predomina es una lógica de presión económica y disputa por territorios estratégicos, más que una reivindicación ancestral comprobable. Esa es, al menos, la interpretación que sostiene la asociación.

Siempre según esa mirada, en algunos puntos de Neuquén se repiten bloqueos o trabas al paso de camiones de empresas ligadas a la actividad petrolera, lo que impacta en la operatoria del sector. Para Consenso Patagonia, estos episodios reflejan que la conflictividad no sólo persiste, sino que además se desplazó hacia zonas de alto valor económico.

Un problema que también sigue en Río Negro y Chubut

La entidad señaló que el escenario se repite, con matices, en Río Negro y Chubut, aunque remarcó que en Neuquén la respuesta oficial resulta más problemática. En Río Negro, indicó que no aparecieron nuevos casos dentro del territorio provincial, pero sí continúan las secuelas del conflicto de Villa Mascardi.

Según la nota, aunque los predios ocupados en esa zona fueron desalojados en octubre de 2022, Parques Nacionales todavía no logró recuperar el control pleno del área. Trebino incluso denunció que aún permanece en pie una estructura de madera levantada por la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la ocupación, algo que atribuyó a una decisión de la Justicia Federal.

El cambio nacional y la persistencia del conflicto

Trebino también consideró que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional hubo un cambio de actitud frente a este tipo de conflictos. Sin embargo, aclaró que eso no derivó en una desactivación del problema. Por el contrario, aseguró que los focos activos siguen presentes, mientras aparecen nuevas disputas en distintos puntos de la Patagonia.

La advertencia de Consenso Patagonia vuelve a instalar un tema que, lejos de cerrarse, mantiene abiertos frentes judiciales, reclamos territoriales y choques entre comunidades, privados y Estados provinciales. En ese escenario, la discusión no gira sólo en torno a la legalidad de cada caso, sino también a la capacidad de los gobiernos para ejecutar fallos y evitar que el conflicto siga escalando.