Manuel Adorni comenzó a ordenar su respuesta judicial frente al avance de las causas que lo rozan en Comodoro Py. El jefe de Gabinete contrató al abogado penalista Matías Ledesma para empezar a diseñar una estrategia de defensa en los expedientes que hoy lo tienen bajo la lupa, en un contexto en el que el frente mediático y el judicial empezaron a crecer más rápido que la reacción del oficialismo.

La incorporación del letrado se produjo en los últimos días y, según trascendió desde el entorno del funcionario, responde también a una presión interna que venía acumulándose dentro del Gobierno. La idea era que Adorni dejara de enfrentar el tema solo desde lo discursivo y comenzara a estructurar una defensa técnica ante las investigaciones que avanzan en tribunales.

Dos causas inmediatas y otra en paralelo

Las dos causas que aparecen hoy como más delicadas para el jefe de Gabinete están bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo. Una de ellas analiza si existió alguna irregularidad vinculada con el viaje familiar que Adorni realizó a Punta del Este en febrero, con especial atención sobre quién pagó el vuelo privado y cuál fue el rol del periodista Marcelo Grandio, mencionado en los primeros testimonios de la investigación.

La segunda causa apunta a su evolución patrimonial y quedó encuadrada bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito. Allí se intenta esclarecer el origen de los fondos con los que el funcionario habría financiado distintas adquisiciones inmobiliarias realizadas después de la declaración jurada que se conoció en 2024.

En paralelo, existe un tercer expediente por el viaje que hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en avión presidencial, en el marco de Argentina Week. Esa causa está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano, aunque cerca del ministro coordinador relativizan por ahora el riesgo judicial de ese expediente.

La defensa que pedían dentro del Gobierno

La necesidad de sumar un abogado ya había comenzado a instalarse dentro del oficialismo. Uno de los que lo expresó de manera más clara fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que sostuvo públicamente que, más allá de su opinión sobre la inexistencia de delito, Adorni debía delegar su defensa y dejar de hablar en causa propia.

Ese razonamiento terminó ganando lugar dentro del entorno presidencial. La evaluación interna era que las apariciones públicas del funcionario no habían servido para cerrar las dudas instaladas en la opinión pública y que, por el contrario, la situación se iba complicando a medida que avanzaban las revelaciones periodísticas y las medidas judiciales.

El abogado elegido fue Matías Ledesma, integrante del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas. Según su propio perfil profesional, es socio del estudio desde 2003 y también tuvo antecedentes como director de Investigación y consultor en el marco de un convenio entre la SEDRONAR y la Organización de Estados Iberoamericanos.

La causa patrimonial empieza a sumar testigos

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sumó en las últimas horas un movimiento relevante. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito adquirido por Adorni.

La convocatoria se resolvió después de que trascendiera el valor escriturado del inmueble, fijado en 230 mil dólares, y de que se conociera que parte del dinero utilizado para esa compra habría provenido de un préstamo otorgado por dos mujeres. Una de ellas, una jubilada, aseguró públicamente no conocer al funcionario. La declaración de la escribana fue fijada para el 8 de abril.

Se trata de la primera testigo llamada en esta causa, que forma parte de un conjunto de 12 medidas de prueba orientadas a reconstruir el origen de los fondos utilizados en la compra de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito.

El costo político de una crisis que escaló

El problema para Adorni no quedó limitado al expediente judicial. El frente político y mediático también se fue tensando desde comienzos de marzo, cuando se conoció su presencia en Nueva York junto a su esposa durante el viaje oficial por Argentina Week. Días después aparecieron versiones sobre su viaje de vacaciones a Uruguay en un avión privado, un dato que terminó funcionando como disparador para revisar su situación patrimonial.

Con el paso de las semanas comenzaron a salir a la luz nuevos domicilios vinculados a la familia Adorni y adquiridos después de la única declaración jurada conocida desde que asumió funciones. En ese contexto, la reacción del funcionario no convenció ni siquiera a algunos sectores del propio Gobierno, que entendieron que las entrevistas televisivas no alcanzaron para contener el impacto del caso.

Ese deterioro fue tan evidente que Adorni desistió de realizar una conferencia de prensa prevista para esta semana. La lectura dentro de la Casa Rosada era que necesitaba corregir tanto la estrategia judicial como la mediática para no seguir afectando su posición en tribunales y, a la vez, evitar un daño mayor sobre la imagen del Gobierno.