La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una denuncia por 645 acreditaciones indebidas de haberes que alcanzan los $981.148.567,88. La investigación interna identificó hasta el momento a 23 personas como beneficiarias de los pagos y ubicó las irregularidades entre julio de 2022 y enero de 2026.

El expediente se inició después de que, en febrero de este año, una revisión de los haberes de enero detectara que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. Los empleados devolvieron el dinero y la fuerza decidió ampliar el análisis para determinar si se trataba de errores aislados o de una maniobra sostenida en el tiempo.

La auditoría encontró diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Según la presentación judicial, hubo importes que figuraban en los lotes bancarios pero no en los recibos, pagos duplicados y acreditaciones a personas cuyo vínculo con la Armada no pudo establecerse inicialmente.

La denuncia describe que las modificaciones se realizaban en una etapa posterior a los controles habituales sobre la liquidación. Determinados registros podían ser alterados antes de enviar los archivos al banco para incrementar montos o incorporar pagos que no tenían respaldo en los haberes legítimamente liquidados.

El expediente también señala que, después de preparar los archivos para las acreditaciones, «los registros eran restituidos a sus valores originales». De esa manera, las diferencias no quedaban reflejadas en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web, aunque el archivo enviado al Banco Nación podía ordenar una acreditación diferente.

La investigación administrativa estableció hasta ahora un perjuicio de $981.148.567,88 y continúa abierta. Fuentes al tanto del expediente estimaron que el número de personas bajo análisis podría acercarse a 50, aunque la denuncia presentada ante la Justicia identifica por el momento a 23 beneficiarios.

Entre ellos hay militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas concentraron $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado.

Una de esas personas, de apellido Prieto, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Los otros tres beneficiarios externos registraron 47 pagos por $99.496.225,47, 46 por $91.978.048,38 y 45 por $90.466.948,33, respectivamente, por lo que entre los cuatro acumularon 184 acreditaciones.

Prieto es esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien en ese período estaba al frente del Departamento Revista y aparece como el principal acusado en la denuncia. Durante las actuaciones administrativas, el oficial reconoció conocer los pagos realizados a las cuatro personas ajenas a la fuerza y sostuvo que las operaciones se cargaban manualmente.

Según el escrito, Atanasoff declaró que el objetivo era «favorecer económicamente a dichas personas» y afirmó que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos. También manifestó que realizaba personalmente esas acciones, aunque será la investigación judicial la que determine el alcance de sus dichos y la posible participación de otras personas.

El expediente incorporó además otros casos que están bajo análisis. Entre ellos figura el de un capitán de Corbeta Contador que habría recibido haberes en la Argentina durante períodos en los que cobraba por una misión en el exterior, pese a que el sistema excluye automáticamente del pago local al personal destinado fuera del país.

También se detectaron acreditaciones a quien sería la esposa de ese uniformado durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes. La denuncia sostiene que los involucrados brindaron distintas explicaciones sobre el conocimiento, el origen y el destino del dinero, cuestiones que ahora deberá determinar la Justicia.

Parte de los fondos ya fue devuelta. En abril, cuatro capitanes de Corbeta Contadores reintegraron importes cobrados de manera indebida con los haberes de enero, mientras que el 11 de septiembre otros acusados hicieron lo mismo.

Los reintegros alcanzaban $42.574.267,63 al momento de la presentación judicial. De acuerdo con la documentación, quedaban pendientes de devolución $938.574.300,25, aunque las restituciones no modifican el monto histórico de las acreditaciones detectadas.

A partir de los primeros casos, la Armada modificó el circuito utilizado para los pagos. Desde marzo, el Departamento Tesorería quedó a cargo de tramitar las acreditaciones ante el Banco Nación y Contabilidad comenzó a conciliar de manera independiente la cuenta utilizada para esas operaciones.

La investigación tomó otro rumbo en agosto, cuando el análisis histórico identificó a Prieto como beneficiaria y confirmó su vínculo matrimonial con Atanasoff. Ese dato fue considerado el primer elemento objetivo que vinculó personalmente al oficial con las acreditaciones investigadas.

Atanasoff fue relevado de manera preventiva y la Armada resguardó el equipo utilizado para preparar y transmitir los lotes al banco. Además, la fuerza separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación para reforzar los controles.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. La presentación fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, después de una investigación que incluyó el análisis de sistemas, equipos informáticos, documentación contable y registros bancarios.

La Dirección de Administración Financiera conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. El grupo revisó los dispositivos utilizados para preparar los archivos de pago y realizó un cotejo individual y mensual entre la información de los sistemas de haberes y las acreditaciones bancarias.

La presentación judicial incorporó informes fechados el 20 de agosto y el 2 de septiembre, actas vinculadas con los equipos informáticos, planillas con las irregularidades, registros del Banco Nación y el informe final elaborado durante el sumario administrativo. La Armada también puso a disposición de la Justicia otros archivos y soportes que puedan resultar necesarios para avanzar con la investigación.

El expediente deberá establecer ahora la dimensión definitiva de los desvíos, el destino de los fondos y la responsabilidad que corresponde a cada una de las personas involucradas. La investigación administrativa ya permitió documentar 645 acreditaciones indebidas y casi $1.000 millones comprometidos durante el período analizado.