La nueva Ley Penal Juvenil ya está vigente en Tucumán y el Gobierno provincial trabaja en la adecuación de la normativa local para acompañar su aplicación. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el régimen contempla la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes de 14 y 15 años y sostuvo que la provincia cuenta con las condiciones necesarias para avanzar con el nuevo esquema.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Jaldo explicó que será necesario complementar la legislación nacional con normas específicas para atender las particularidades de Tucumán. En ese sentido, señaló que el Poder Ejecutivo analiza junto con los organismos judiciales cómo se está aplicando el nuevo régimen y qué aspectos deberán ajustarse en la provincia.

“Hoy la ley está vigente. Seguramente, vamos a tener que sacar algunas leyes para complementar la normativa nacional y readecuarla a algunas situaciones particulares de nuestra provincia. Hay que analizar y consultar en qué medida el Poder Judicial la está aplicando, porque hubo algunos delitos causados por menores en estas últimas horas que tienen que ser sancionados con la ley nacional”, sostuvo Jaldo.

Uno de los puntos que el gobernador destacó es el nuevo esquema de responsabilidades para los adultos a cargo de menores involucrados en hechos delictivos. Según explicó, la normativa también contempla consecuencias para los padres, incluso frente a las obligaciones vinculadas con el resarcimiento de los daños provocados.

“En uno de esos delitos, al resarcimiento lo pagaron los padres del menor. Entonces, los padres van a empezar a tener una responsabilidad fundamental en los delitos que cometan sus hijos menores de edad, que hasta antes de la sanción de esta ley los padres se lavaban las manos. Si bien el delito del menor era y es problema del Estado, porque es el que tiene que aplicar la justicia y las sanciones, también están involucrados los padres”.

Jaldo sostuvo además que la aplicación del régimen debe contemplar la gravedad de los delitos cometidos y, al mismo tiempo, las consecuencias para las víctimas y sus familias. “No podemos permitir que porque sean menores de edad desintegren familias, que no se recuperan más, y asesinen gente; que estos menores anden sueltos a la calle o estén con una prisión domiciliaria luego de haber quitado vida. En Tucumán vamos a fondo con la ley de baja de imputabilidad. Seguramente hay que complementarla con determinadas cuestiones”, afirmó.

En paralelo, la provincia cuenta con una infraestructura específica para alojar a adolescentes que deban cumplir medidas o condenas bajo el nuevo régimen. Se trata del Instituto Cura Brochero, ubicado dentro del complejo penitenciario Benjamín Paz, que fue creado como un espacio diferenciado de los establecimientos destinados a adultos.

“Somos visionarios porque hemos creado el Instituto Cura Brochero, porque los menores no pueden ir a un servicio penitenciario, los menores tienen que ir a un instituto. Por eso, junto con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Social le hemos dado un espacio físico donde tenemos capacidad para albergar a 100 menores”, explicó el gobernador.

Jaldo remarcó que la existencia de un establecimiento específico es una pieza central para la implementación de la Ley Penal Juvenil y planteó que el abordaje no debe limitarse al cumplimiento de una condena. “Hay que tener un instituto específico para esa tarea, que es albergar a los menores que cumplen las condenas, y, por supuesto, también con programas de reinserción, de educación, de recuperación y todo lo que sea necesario”.

El objetivo de la Provincia es avanzar durante septiembre con las modificaciones necesarias para adaptar el marco legal tucumano al nuevo régimen nacional. De esta manera, la implementación de la baja de imputabilidad quedará acompañada por una estructura específica para los adolescentes y por medidas orientadas tanto al cumplimiento de las sanciones como a su reinserción social.