Dos exdirectivos de Techint que estuvieron procesados y posteriormente fueron sobreseídos deberán declarar como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. Se trata de Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes durante sus indagatorias de 2018 reconocieron pagos vinculados con gestiones realizadas por funcionarios argentinos ante Venezuela por la situación de la siderúrgica SIDOR.

La declaración prevista para el 25 de agosto presenta una diferencia relevante respecto de aquellas indagatorias. Cuando estaban imputados podían declarar como parte de su defensa sin obligación de decir verdad. Ahora comparecerán como testigos, por lo que deberán prestar juramento y quedarán sujetos a las disposiciones penales correspondientes al falso testimonio.

Betnaza había explicado ante el entonces juez federal Claudio Bonadio que ordenó a Zabaleta realizar las «contribuciones» que, según su relato, habían sido solicitadas. Mencionó diez entregas de USD 100.000 cada una a Roberto Baratta, quien en aquel momento se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal.

Los pagos y las gestiones por SIDOR

Las declaraciones estarán centradas en las negociaciones abiertas después de que el gobierno venezolano de Hugo Chávez avanzara con la nacionalización de SIDOR, una compañía siderúrgica controlada entonces por el grupo Techint. Los exejecutivos sostuvieron durante la investigación que las entregas de dinero estuvieron relacionadas con pedidos de intervención del gobierno argentino.

Según las actuaciones citadas en la causa, las gestiones atravesaron distintas etapas. Primero se intentó evitar la expropiación y posteriormente se buscó alcanzar una compensación económica por la nacionalización. Techint finalmente llegó a un acuerdo con Venezuela.

También hubo intervenciones para facilitar la salida del país de empleados de la empresa y sus familias. Este último punto terminó siendo determinante para la situación procesal de Betnaza y Zabaleta.

Ambos fueron sobreseídos en 2021, cuando la causa principal ya había sido elevada a juicio sin ellos entre los acusados. Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, también había sido desvinculado previamente.

La Justicia consideró acreditada la existencia de los pagos, pero concluyó que se habían realizado en un contexto de emergencia y por «razones humanitarias», relacionadas con la necesidad de obtener colaboración oficial para lograr el regreso de trabajadores y familiares que permanecían en Venezuela.

Qué había registrado Oscar Centeno

La presencia de Techint dentro de la investigación surgió también de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, exchofer de Baratta y uno de los arrepentidos de la causa. En sus cuadernos registró nueve supuestas visitas a la sede porteña de la compañía entre abril y noviembre de 2008.

Las anotaciones fueron incorporadas a la investigación sobre el presunto sistema de recaudación ilegal atribuido a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y empresarios durante los gobiernos kirchneristas. El juicio oral analiza las responsabilidades individuales de los distintos acusados y el alcance de las maniobras reconstruidas durante la instrucción.

Otro ejecutivo del grupo, Pablo Brizzio, declaró previamente como testigo y confirmó que existieron gestiones ante funcionarios argentinos para tratar de evitar la pérdida de SIDOR. Señaló que la compañía consideraba a la empresa venezolana un activo de gran importancia. Pero aseguró que nunca tuvo conocimiento de pedidos de dinero a cambio de esas intervenciones.

Brizzio tampoco dijo haber conocido pagos vinculados con las gestiones posteriores para retirar de Venezuela a aproximadamente un centenar de empleados y sus familiares.

La negociación por la compensación

Durante su testimonio, Brizzio mencionó además la participación de José María Olazagasti, exsecretario privado del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en otra fase de las conversaciones. Esa etapa estuvo vinculada con la compensación económica que Techint buscaba recibir después de la nacionalización.

Según explicó, las gestiones permitieron evitar que la disputa terminara ante el CIADI y abrieron una negociación directa con las autoridades venezolanas. El proceso concluyó finalmente con un acuerdo económico.

Betnaza y Zabaleta deberán ahora responder preguntas sobre esos episodios con un estatus procesal diferente al que tenían cuando dieron sus primeras explicaciones en 2018. El presidente del TOF7, Enrique Méndez Signori, deberá tomarles juramento antes de comenzar las testimoniales. Y recordarles las consecuencias previstas para quien incurra en falso testimonio.

Sus declaraciones podrán aportar nuevos elementos sobre cómo se desarrollaron las gestiones entre Techint, funcionarios argentinos y Venezuela durante la nacionalización de SIDOR, uno de los capítulos incorporados al juicio oral de la causa Cuadernos.