El Gobierno modificó el procedimiento para postular jueces federales y otros cargos clave del sistema judicial mediante el Decreto 467/2026. La reforma elimina instancias administrativas previas que el Poder Ejecutivo consideraba repetidas con los controles que ya realiza el Senado. La medida también alcanza al proceso para cubrir vacantes en la Corte Suprema, aunque en la Casa Rosada sostienen que todavía no hay una decisión tomada sobre el máximo tribunal.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003, que regulaban mecanismos de publicidad, revisión y participación ciudadana antes de la nominación presidencial. Según el Gobierno, ese esquema ralentizaba la cobertura de vacantes y duplicaba etapas que luego se cumplen en el Congreso.

El alcance de la reforma

La nueva normativa alcanza a las designaciones de ministros de la Corte Suprema, del procurador general, del defensor general y de jueces de tribunales federales inferiores. También comprende fiscales y defensores públicos. El argumento oficial es que la demora en cubrir cargos judiciales afecta el funcionamiento de los tribunales y los tiempos de los procesos.

Con el nuevo esquema, cuando se produzca una vacante en la Corte, el Ministerio de Justicia deberá publicar el nombre y los antecedentes de los candidatos en el Boletín Oficial y en su sitio web durante tres días. Luego, los postulantes tendrán que presentar declaraciones juradas patrimoniales y otra información vinculada con asociaciones, sociedades, estudios jurídicos, clientes o contratistas de los últimos años. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá elaborar un informe sobre el cumplimiento impositivo y previsional.

El Gobierno sostiene que la instancia central de control seguirá en el Senado, donde se realizan audiencias públicas, se difunden antecedentes y se reciben observaciones. Para el Ejecutivo, la participación ciudadana no desaparece, sino que queda concentrada en el ámbito constitucional encargado de dar acuerdo a los pliegos. Esa interpretación fue defendida públicamente por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La Corte y las tensiones políticas

La publicación del decreto volvió a poner la mirada sobre las vacantes de la Corte Suprema, tras las salidas de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. En el Gobierno admiten que el momento de la reforma puede generar lecturas políticas sobre un posible intento de acelerar candidatos para el máximo tribunal. De todos modos, cerca de la Casa Rosada aseguran que el Presidente todavía no definió avanzar con esos pliegos.

Milei ya tuvo una experiencia fallida con las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que no lograron el respaldo político necesario. Esa situación alimentó la idea de postergar cualquier nueva negociación por la Corte hasta contar con una correlación de fuerzas más favorable en el Senado. Sin embargo, la aprobación de otros pliegos judiciales abrió dudas sobre si el oficialismo podría intentar acuerdos antes de ese escenario.

En paralelo, el Ejecutivo viene impulsando una aceleración más amplia de cargos judiciales. El Senado aprobó decenas de candidaturas y el Consejo de la Magistratura remitió nuevas ternas al Presidente. Entre los cargos bajo análisis aparecen lugares de alta sensibilidad en tribunales vinculados a Comodoro Py.

Críticas por la participación ciudadana

La reforma también recibió cuestionamientos desde sectores de la abogacía. La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, expresó preocupación por la eliminación de instancias previas de participación ciudadana. Según planteó, esos mecanismos permitían que universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos formularan observaciones sobre las candidaturas antes de su envío al Senado.

García sostuvo que el régimen instaurado en 2003 había representado un avance en transparencia y control público sobre procesos institucionales sensibles. Para el Colegio, suprimir esas etapas implica un retroceso respecto de los estándares incorporados en las últimas dos décadas. La postura también fue acompañada por Ricardo Gil Lavedra, extitular de la entidad.

El Gobierno, en cambio, defiende la reforma como una herramienta para reducir demoras y ordenar la cobertura de vacantes. La discusión queda atravesada por dos planos: la necesidad de completar cargos judiciales y el debate político sobre quiénes podrían llegar a la Corte Suprema. La definición dependerá de si la Casa Rosada decide usar el nuevo procedimiento para reactivar una negociación de alto impacto institucional.