La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias abrió un nuevo foco político dentro del Gobierno nacional. Según datos consultados en el portal de ARCA, otros funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo también figuran dentro del esquema. Desde la Casa Rosada rechazaron que esa inscripción implique ingresar de manera directa a un blanqueo de fondos.

El régimen fue impulsado por la gestión libertaria y aprobado por el Congreso en el marco de la llamada Ley de Inocencia Fiscal. La herramienta permite simplificar la declaración del Impuesto a las Ganancias y reducir la carga administrativa para determinados contribuyentes. Sin embargo, su discusión quedó asociada al plan oficial para incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal.

Quiénes aparecen inscriptos

Entre los integrantes del Gabinete nacional, además de Adorni, figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Fuentes de su cartera confirmaron que el funcionario se incorporó al régimen y sostuvieron que lo hizo para utilizar un mecanismo más simple de presentación ante ARCA. Según indicaron, se trata de una herramienta disponible para cualquier contribuyente que cumpla con las condiciones previstas por la normativa.

También aparece inscripta Aimé «Meme» Vázquez, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores y una de las funcionarias más cercanas a Adorni. En cambio, no figuran dentro de este programa otros funcionarios del área, como Javier Lanari, Ignacio Devitt, Federico Sicilia e Ian Vignale. Tampoco aparecen Daniel Scioli ni Darío Genua, que dependen de la Jefatura de Gabinete.

Fuera del Gabinete, también se constató la adhesión de Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Otro de los nombres es Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia. A ellos se suma el exdiputado libertario José Luis Espert, alejado de la escena pública tras el escándalo por sus vínculos con Fred Machado.

La defensa del Gobierno

Desde la Casa Rosada insistieron en que ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias no equivale a adherir al programa de Inocencia Fiscal. Según explicaron fuentes oficiales, la inscripción forma parte de una decisión «contable-operativa» y depende de la situación particular de cada contribuyente. También remarcaron que no existe una acción coordinada entre funcionarios para sumarse al esquema.

En el oficialismo sostienen que presentar estas adhesiones como algo irregular es incorrecto. El argumento oficial es que el régimen solo permite declarar Ganancias mediante un procedimiento más sencillo y que cada persona decide si lo utiliza según la recomendación de su contador. Además, señalaron que una parte importante del padrón de contribuyentes está alcanzada por esta modalidad.

La explicación oficial apunta a separar el régimen simplificado del debate por los fondos no declarados. De todos modos, el tema quedó atravesado por el caso Adorni, cuya situación patrimonial es investigada por la Justicia. En ese contexto, la adhesión de otros funcionarios volvió a poner bajo la lupa una herramienta tributaria impulsada por el propio Gobierno.

El debate por la Inocencia Fiscal

El Régimen Simplificado de Ganancias permite que ARCA predetermine el monto a pagar sobre la base de la facturación y los gastos deducibles. El contribuyente puede aceptar esa liquidación o rectificarla. Además, quienes adhieren dejan de presentar la declaración tradicional de Ganancias en los términos habituales.

El punto que genera discusión es su vínculo con la Ley de Inocencia Fiscal. Desde el Gobierno reconocen que adherir al régimen puede ser un paso necesario para ingresar al programa más amplio, pero niegan que eso signifique tener fondos para blanquear. La oposición y distintos sectores críticos, en cambio, ponen el foco en el posible uso de la herramienta por parte de funcionarios obligados a rendir cuentas patrimoniales.

El cruce quedó instalado en medio de la presentación de declaraciones juradas y de las investigaciones sobre algunos referentes oficialistas. Para el Gobierno, se trata de un trámite legal y transparente. Para sus críticos, la inscripción de funcionarios en un régimen creado por la propia administración libertaria abre un debate sobre controles, beneficios fiscales y transparencia pública.