La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, burocráticas o sin aplicación real. La iniciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones.

La sesión estuvo atravesada por un fuerte clima de tensión política. El oficialismo consiguió el quórum con 129 diputados presentes y logró bloquear el intento de sectores opositores de impulsar una sesión paralela para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su situación patrimonial.

El proyecto, conocido oficialmente como Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Según el Gobierno, el objetivo es “limpiar” el sistema normativo argentino de regulaciones antiguas o que perdieron vigencia con el paso del tiempo.

La norma agrupa las leyes alcanzadas en distintas categorías: regulaciones superadas por nuevas normas, leyes afectadas por avances tecnológicos, disposiciones que generan burocracia innecesaria y normas vinculadas a organismos que ya no existen o dejaron de funcionar.

Entre las leyes que serán derogadas aparecen normas históricas como la ley de azotes, regulaciones sobre microfilmación, la denominada ley de mochileros y otras vinculadas a laboratorios públicos que, según explicó el oficialismo, nunca llegaron a implementarse plenamente.

Durante el debate, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, defendió la iniciativa y aseguró que apunta a “reducir conflictos y confusión normativa”, reemplazando marcos legales antiguos por estructuras más modernas y claras.

Desde el oficialismo, el diputado Alberto Benegas Lynch sostuvo que la ley busca “sacar al argentino de bien del laberinto regulatorio” y cuestionó normas que, según afirmó, funcionaban como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política”.

La oposición rechazó duramente el proyecto. El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó que el Gobierno priorice debatir leyes “muertas o inaplicadas” mientras evita otros temas de fondo. En la misma línea, la diputada Myriam Bregman calificó la iniciativa como “inocua” y criticó con dureza al oficialismo durante la sesión.

El texto final incorporó cambios respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo. Finalmente quedaron excluidas algunas normas vinculadas a préstamos del Banco Nación para cooperativas y también se mantuvo vigente la ley que otorga credenciales de libre circulación a legisladores nacionales.

La iniciativa había sido presentada originalmente en 2024, pero perdió estado parlamentario sin llegar al recinto. El Gobierno la reenviò este año y, tras semanas de negociaciones y demoras por falta de quórum, consiguió finalmente avanzar con su aprobación en Diputados.