La Justicia autorizó a Claudio «Chiqui» Tapia a salir del país para participar de la final de la Champions League y de distintas actividades vinculadas al Mundial 2026. Sin embargo, le impuso una caución real de $30 millones como garantía de que continuará sometido al proceso judicial que enfrenta por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.

La decisión fue firmada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien habilitó al titular de la AFA a viajar entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026. El itinerario autorizado incluye Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, donde Tapia tiene previsto asistir a compromisos deportivos e institucionales relacionados con su rol en el fútbol argentino e internacional.

Entre las actividades incluidas en el pedido aparecen la final de la UEFA Champions League que se disputará en Budapest el 30 de mayo, los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia en territorio estadounidense y distintos eventos protocolares organizados en el marco del Mundial 2026.

La defensa del dirigente presentó invitaciones oficiales enviadas por UEFA, documentación emitida por FIFA y autorizaciones otorgadas por CONMEBOL para respaldar el viaje. Además, aportó información sobre parte del recorrido y los alojamientos previstos durante la estadía en el exterior.

El fiscal que interviene en la causa avaló el pedido de autorización, aunque remarcó que debía mantenerse un esquema de control que garantizara la sujeción de Tapia al expediente judicial. En ese contexto, el tribunal consideró que correspondía establecer medidas concretas para asegurar el cumplimiento de futuras citaciones o requerimientos procesales.

Tapia se encuentra procesado desde marzo en una causa que investiga una deuda cercana a los $19.300 millones por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no depositados en tiempo y forma. En el expediente también están involucrados Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.

En aquella resolución judicial, el magistrado había procesado al presidente de la AFA sin prisión preventiva al considerarlo, en principio, coautor penalmente responsable de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en otros 17 hechos. Además, dispuso un embargo de $350 millones sobre sus bienes y ratificó la prohibición de salida del país.

Esa restricción fue confirmada posteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sin embargo, al evaluar el nuevo pedido, Amarante concluyó que no existían elementos objetivos suficientes para impedir el viaje en las condiciones planteadas por la defensa.

El juez también valoró que Tapia había cumplido correctamente con autorizaciones anteriores y destacó que el itinerario presentado estaba delimitado y sujeto a control judicial. En la resolución, además, señaló que el dirigente ya declaró en indagatoria y que no existen medidas procesales pendientes que requieran su presencia personal durante el período solicitado.

Como condición central para conceder el permiso, el tribunal fijó una caución real de $30 millones destinada a garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la Justicia. El dinero ya había sido depositado previamente en una cuenta judicial del Banco Nación en el marco de una autorización anterior y ahora será afectado a esta nueva garantía, siempre que Tapia preste conformidad formal.

Antes de viajar, el dirigente deberá firmar un acta compromisoria donde aceptará expresamente todas las condiciones establecidas por el juzgado. La resolución advierte que cualquier modificación en las fechas, destinos o características del viaje podrá interpretarse como una violación de los compromisos asumidos y derivar en la revocación inmediata del beneficio.

El tribunal también ordenó que Tapia informe su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo, ya sea mediante una presentación electrónica acompañada de la constancia migratoria correspondiente o con una comparecencia personal ante el juzgado. En caso de incumplimiento, la Justicia advirtió que podría declararlo rebelde y ordenar su captura.