La Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad la Ley de Ficha Limpia, una norma que impedirá acceder a cargos públicos —electivos o de designación— a personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia. La iniciativa busca elevar los estándares de transparencia y fijar nuevos requisitos para el ingreso a la función pública.

La sanción se dio en una sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y fue el resultado del tratamiento conjunto de seis proyectos, incluido uno enviado por el Poder Ejecutivo. El eje central del nuevo régimen es la inhabilitación de candidatos y funcionarios con antecedentes por delitos dolosos graves, además de la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, abierto y gratuito.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, sostuvo que la provincia se suma así a otras jurisdicciones con legislación similar. Explicó que la norma no solo alcanza a postulantes a cargos electivos, sino también a designaciones jerárquicas dentro del Estado, e incluye delitos con penas superiores a tres años y figuras contempladas en leyes especiales como trata de personas o incumplimiento de deberes alimentarios.

Uno de los puntos centrales es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. La ley habilita a ciudadanos y organizaciones a impugnar candidaturas o nombramientos cuando existan causales previstas, con el objetivo de reforzar el control social y la fiscalización.

Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri calificó la sanción como una deuda pendiente con la sociedad y valoró el consenso alcanzado. En la misma línea, Gerónimo Vargas Aignasse destacó que el alcance del régimen se amplió hasta cargos de subdirección, con una tipificación más extensa de delitos.

La normativa también establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas y prevé la actualización permanente del registro con información judicial. La implementación efectiva del sistema y el funcionamiento real de los mecanismos de control serán claves para medir el impacto de la ley en la calidad institucional de la provincia.