La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a responder con dureza a la Inspección General de Justicia en medio de las acusaciones por presuntas irregularidades contables. A través de un comunicado, la entidad presidida por Claudio Tapia negó haber eludido controles o incumplido obligaciones y acusó al organismo estatal, conducido por Daniel Roque Vítolo, de actuar “de manera irregular y con desidia”.

La AFA aseguró que ya respondió formalmente a la intimación de la IGJ y presentó toda la documentación contable correspondiente a los ejercicios 2017-2023. También aclaró que el cambio de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores del propio organismo y debidamente notificado y certificado. Según detallaron, el trámite fue inscrito oficialmente en noviembre de 2024.

Desde la entidad remarcaron que la IGJ participó de todo el proceso, emitió los certificados necesarios y nunca objetó el cambio de domicilio. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó’ o que el cambio de jurisdicción fue ilegal”, señalaron.

En el comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA sostuvo que presentó todos los balances en tiempo y forma y que solo recibió una observación formal, la cual fue contestada dentro del plazo legal. El resto de los supuestos requerimientos, indicaron, nunca fueron notificados oficialmente y en muchos casos los expedientes fueron archivados sin explicación.

Además, denunciaron demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar la documentación y mencionaron irregularidades administrativas, como expedientes sin foliar o con hojas marcadas como “No foliar”. “El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso para encubrir años de inactividad”, afirmaron.

La entidad también rechazó haber negado información, como había declarado el Inspector General. “Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa”, sostuvieron.

En otro tramo, la AFA remarcó que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024, siempre dejando constancia de que estaba al día con sus obligaciones. Y subrayó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, por lo que la IGJ solo tendría competencia sobre trámites iniciados antes del cambio de jurisdicción.

Sobre el cierre, la entidad cuestionó al organismo estatal por “utilizar el espacio mediático para formular imputaciones graves sin respaldo documental” y por filtrar información confidencial. “La AFA no se ‘escapó’ de ninguna jurisdicción para eludir controles. Lo que queda expuesto es un organismo que actuó de manera irregular y con desidia”, concluyó.