El Gobierno nacional avanzó con una reconfiguración profunda del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y eliminó atribuciones históricas que le permitían intervenir en la economía del sector. Con la nueva normativa, el organismo queda limitado a funciones de promoción y control de calidad, sin capacidad para influir en precios, oferta o demanda dentro de la cadena productiva.

El cambio se formalizó a través del Decreto 812/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modificó el Decreto Reglamentario 1.240/2002. La medida se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Ejecutivo desde la puesta en marcha del DNU 70/2023, con el objetivo de reducir la injerencia estatal en actividades productivas.

A partir de esta decisión, el INYM ya no podrá fijar valores de referencia para la hoja verde o la yerba mate canchada, una atribución que ejerció durante años y que impactaba directamente en la relación entre productores e industriales. El Gobierno sostuvo que el nuevo esquema apunta a garantizar un mercado competitivo y evitar distorsiones en la formación de precios.

El decreto recordó que la Ley 25.564 creó al INYM como un ente de derecho público no estatal con alcance nacional. Si bien su misión siempre estuvo vinculada a la promoción de la actividad yerbatera, la reglamentación del 2002 le otorgó un rol activo en la estructura económica del sector, especialmente en la fijación de valores en la fase primaria de la cadena.

Según la explicación oficial, el objetivo actual es avanzar hacia una administración pública “más eficiente y ágil”, centrada en evitar interferencias que limiten la libre competencia. Bajo ese criterio, la modernización del Instituto pone el foco exclusivamente en verificaciones de calidad, dejando fuera cualquier intervención sobre precios o volúmenes de producción.

El artículo 1 del decreto reemplazó por completo el artículo 8 del Decreto 1.240. Desde ahora, el Instituto tiene prohibido dictar normas que generen distorsiones de precios, barreras de entrada o restricciones a la iniciativa privada en la producción y comercialización de yerba mate y sus derivados.

A su vez, el artículo 2 instruyó al INYM a revisar toda su normativa interna en un plazo de treinta días. El organismo deberá actualizar resoluciones, disposiciones y reglas que entren en conflicto con el nuevo marco regulatorio, lo que implica un proceso de adecuación integral.

A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aclaró que el Instituto seguirá a cargo de tareas de promoción y control de calidad, pero ya no participará en la definición del precio pagado al productor. La dependencia sostuvo que la eliminación de atribuciones se alinea con los lineamientos generales sobre defensa de la competencia y desregulación económica.

El Gobierno destacó que la nueva normativa deja sin efecto mecanismos que el INYM utilizó durante años para fijar el valor de la materia prima. Con la modificación, ese rol desaparece y se consolida un esquema basado en la libre interacción entre oferta y demanda.