Recientemente, la jueza de Misiones, Adriana Fiori, aceptó una medida cautelar presentada por asociaciones yerbateras que suspende un capítulo del DNU 70/2023. Este modificaba el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La jueza dictaminó que no se alteren la estructura y funciones del INYM, preservando su capacidad para establecer el precio del producto y ordenar la cadena de valor.

La modificación propuesta quitaba al INYM la facultad de fijar precios y ordenar la cadena de valor de la yerba mate. Y delegaba esas responsabilidades a un organismo provincial. Esta medida generó preocupación entre los productores, especialmente los pequeños y medianos. Ya que el INYM tenía como objetivo protegerlos de las decisiones de los grandes actores del sector yerbatero. El INYM, conformado por representantes de la cadena de la yerba mate, los gobiernos de Corrientes y Misiones, y el Estado nacional, tiene la función de fijar, por unanimidad, los precios de la hoja y la yerba mate canchada (molienda gruesa). El DNU eliminaba estos límites y redujo al INYM a un ente de promoción y fomento, sin poder regulador.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su preocupación por los efectos de la desregulación. Ya que el INYM desempeña un papel crucial en equilibrar la cadena de la yerba mate. Según Passalacqua, el INYM garantiza la calidad del producto, protege contra el trabajo infantil, planifica matrices productivas, mejora la distribución en el mercado exterior y establece volúmenes de producción para sostener el precio. Ante esta situación, Misiones anunció la creación de un instituto provincial para asumir las funciones del INYM en la regulación de precios. Además, se presentó una cautelar para proteger al INYM de la pérdida de funciones.

La jueza Fiori, al aceptar la cautelar, permite al INYM recuperar sus funciones originales y operar normalmente. Sin embargo, esto no descarta futuros intentos del Gobierno nacional de revertir la situación judicial y avanzar con su propuesta original de reducir las funciones del organismo. El conflicto resalta las tensiones entre las políticas de desregulación y la defensa de los derechos de los productores yerbateros.