La muerte de Kiara Jazmín Caro, la niña de siete años que se ahogó en el río Lules en marzo de 2025, llegará a juicio oral. Su madre, Daniela Fernanda Ávila, de 26 años, deberá responder por el hecho, aunque la Fiscalía y la querella sostienen acusaciones diferentes sobre su presunta responsabilidad.

El Ministerio Público Fiscal considera que la mujer abandonó a la pequeña en medio del cauce y no le brindó asistencia cuando se encontraba en peligro. Por ese motivo, solicitó una pena de 10 años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. La querella, en cambio, sostiene que corresponde juzgarla por homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla prisión perpetua.

Cómo ocurrió el hecho

La investigación ubica el episodio durante la madrugada del 2 de marzo de 2025, cuando Ávila había asistido con su hija a los corsos que se realizaban cerca del barrio Ex Ingenio, en Lules. Alrededor de las 2, ambas emprendieron el regreso hacia la casa de la suegra de la mujer, ubicada en el barrio Ampliación 25 de Mayo.

Para llegar, la acusada habría elegido un camino vecinal de tierra que conduce al sector conocido como Puente Negro. Según la reconstrucción fiscal, al encontrarse con el río intentó cruzarlo caminando junto a la niña, pero habría continuado el trayecto sin asistirla y la dejó en medio del cauce.

La acusación sostiene que Kiara no tenía posibilidades de afrontar por sus propios medios una situación de ese tipo debido a su edad. La pequeña sufrió lesiones en distintas partes de la cabeza y aspiró barro mientras permanecía en el agua. Los estudios médicos determinaron que murió por asfixia por sumersión.

Dos acusaciones para el juicio

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Durante la audiencia de control de la acusación, el auxiliar fiscal Lucas Maggio presentó los fundamentos de la investigación y pidió que Ávila sea juzgada por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.

La querella planteó una calificación penal más grave y solicitó que se la acuse por homicidio agravado por el vínculo. Esta diferencia será uno de los puntos centrales del debate, en el que deberán analizarse las circunstancias de la muerte y el grado de responsabilidad que corresponde atribuirle a la mujer.

Entre las pruebas ofrecidas para el juicio figuran testimonios de policías que participaron de las actuaciones, declaraciones de familiares y otras personas vinculadas con el caso, informes técnicos y pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Con la resolución judicial que habilitó la instancia oral, el expediente avanzará hacia un debate en el que se examinarán los elementos reunidos durante la investigación. La responsabilidad penal de Ávila todavía deberá ser determinada por el tribunal.