Desde el jueves 4 de julio, las personas que deseen importar un vehículo para uso personal pueden hacerlo con un procedimiento mucho más accesible que el vigente hasta ahora. Con la publicación de la Resolución 271/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó un nuevo esquema que permite el ingreso de autos particulares desde el exterior, incluso para aquellos modelos que no están homologados en el país. La medida representa un cambio estructural tras más de tres meses de trabajo técnico y administrativo, y elimina barreras que, en la práctica, hacían casi imposible que un ciudadano común pudiera realizar este tipo de operación sin recurrir a una marca o concesionaria local.

Hasta ahora, importar un auto era técnicamente posible, pero en la práctica resultaba inviable si el comprador buscaba patentarlo y usarlo en la vía pública. La traba estaba en la exigencia de presentar dos homologaciones —una de seguridad y otra ambiental— que eran gestionadas exclusivamente por fabricantes o importadores oficiales. Esta limitación dejaba fuera a cualquier usuario particular que quisiera traer su vehículo por cuenta propia.

Con la resolución publicada esta semana, el Ejecutivo resolvió ese cuello de botella. Desde ahora, cualquier ciudadano podrá acceder al trámite utilizando una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ya existente —si el modelo está homologado en el país— o gestionar una nueva certificación denominada Certificado de Seguridad Vial (CSV), en dependencias habilitadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo importar un auto que ya se vende en el país

En el caso de los modelos que ya cuentan con homologación nacional, el trámite será más directo. La nueva norma permite a una persona física importar un auto al año para uso personal, siempre que la unidad posea una LCM habilitada. En ese caso, se podrá realizar la operación presentando la documentación correspondiente. Eso sí, contratando un despachante de aduana y pagando todos los tributos e impuestos de nacionalización.

Una vez ingresado al país, el auto podrá ser patentado sin problemas. Eso sí: el vehículo no podrá ser vendido durante un período mínimo de dos años, lo que refuerza el objetivo de uso personal y no comercial. Para importar un segundo auto del mismo modelo durante el mismo año calendario, será necesario contar con otra LCM distinta.

Qué pasa si el auto no está homologado en Argentina

Si el modelo no se encuentra registrado oficialmente en el país, las exigencias son mayores, pero ya no imposibles. Existen dos caminos posibles. El primero es obtener un certificado internacional reconocido por la ONU (TRANS/WP29/343), algo que difícilmente esté al alcance de un particular. El segundo camino, más accesible, es gestionar el nuevo Certificado de Seguridad Vial (CSV), que implica una revisión técnica exhaustiva del vehículo una vez que está físicamente en territorio argentino.

Esto implica que el auto debe ser embarcado y traído al país antes de que pueda solicitarse el CSV. El trámite, supervisado por la ANSV, habilitará al vehículo para circular legalmente por la vía pública si se cumple con todas las normativas técnicas y de seguridad.

Cambios para importadores oficiales

Además del nuevo régimen para particulares, la resolución también introduce modificaciones en el esquema de importación para concesionarios y representantes oficiales. A partir de ahora, se elimina la exclusividad de representación que antes exigía el Gobierno para nacionalizar vehículos. Es decir, una marca podrá tener más de una empresa autorizada para comercializar sus productos en el país.

Esta flexibilización apunta a dinamizar el mercado y favorecer una mayor competencia entre importadores. Lo que podría traducirse en una baja de precios para el consumidor final, aunque los especialistas advierten que dependerá del contexto macroeconómico y del comportamiento del dólar.

Un cambio que apunta a liberalizar el sector

La reforma forma parte del paquete de desregulaciones impulsadas por el Gobierno nacional para reducir la intervención del Estado en la economía. En este caso, busca terminar con un sistema que beneficiaba a grandes concesionarias y trababa el acceso a vehículos importados por fuera de esos canales.

La medida fue bien recibida por sectores vinculados a la industria automotriz, aunque se mantiene la cautela sobre su impacto inmediato. Especialmente, debido al nivel actual de impuestos, el costo logístico y la incertidumbre cambiaria. Aun así, marca un paso más en la liberalización del comercio automotor en el país.