La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el pedido del fiscal Mario Villar para postergar la audiencia oral en la causa Vialidad y confirmó que se realizará el lunes 7 de julio al mediodía. En el encuentro, se discutirán los recursos presentados contra la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y las condiciones impuestas, como el uso de tobillera electrónica y las restricciones a las visitas.

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron que la solicitud fiscal no expresaba un perjuicio concreto, sino una simple disconformidad. El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y se manifestó a favor de reprogramar la audiencia.

La audiencia tratará las apelaciones contra el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 que dispuso que la exmandataria cumpla su condena de seis años por administración fraudulenta en su domicilio, tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema. La vivienda está ubicada en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron revocar esa decisión y que se ordene su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Consideraron que no hay motivos válidos para apartarse de la regla general que exige el cumplimiento efectivo de la pena en prisión. En su presentación, propusieron además que, si se mantiene el arresto domiciliario, se defina otra ubicación que no altere la dinámica del vecindario ni comprometa la seguridad.

Fundamentos del TOF y defensa de la expresidenta

El tribunal oral justificó la modalidad de detención en función de la edad de Cristina Kirchner, que tiene 72 años, y del intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022 frente a su casa. También ponderó su rol institucional como expresidenta para autorizar el cumplimiento domiciliario de la pena.

Por su parte, la defensa de la exmandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, también apeló el fallo. Cuestionaron especialmente el uso obligatorio de la tobillera electrónica y el esquema de visitas restringidas. Actualmente, solo familiares, abogados, médicos y custodios pueden ingresar sin autorización judicial. Cualquier otra persona necesita una habilitación expresa.

La visita de Lula y los límites impuestos

Un caso reciente fue el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien debió ser autorizado judicialmente para poder saludar a Kirchner esta semana, en el marco de la cumbre del Mercosur realizada en Buenos Aires. Para los defensores, ese régimen afecta derechos fundamentales y limita las relaciones institucionales de quien aún es una figura política de peso.