La Justicia definió fecha para analizar si Cristina Kirchner podrá recibir visitas sin autorización previa mientras cumple su prisión domiciliaria. La audiencia fue fijada para el 7 de julio a las 12 del mediodía por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

La instancia fue habilitada tras un recurso presentado por la defensa de la expresidenta, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó que cumpla la pena en su departamento de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, y dispuso una serie de restricciones para el ingreso de personas al domicilio.

El abogado Carlos Beraldi solicitó que se flexibilice la normativa impuesta por el TOF 2, que limita las visitas únicamente a familiares, abogados y médicos, y obliga a pedir autorización judicial para cualquier otra persona. Además, cuestionó que la lista de visitas deba ser entregada al tribunal, reclamando que se mantenga en reserva.

En paralelo, también se impugnó la decisión de colocar una tobillera electrónica para el control del cumplimiento de la pena, aunque ese punto aún no llegó a la Cámara de Casación.

Prisión domiciliaria confirmada tras la condena

Tras la confirmación de la Corte Suprema del fallo en su contra, el TOF 2 ordenó el arresto domiciliario de CFK con condiciones estrictas. Además de la tobillera y la restricción de visitas, se le prohibió generar alteraciones en el orden público o tener cualquier contacto con terceros.

Desde entonces, la defensa ha intentado revertir esas medidas, alegando que no se corresponden con su rol político y afectan su derecho a la intimidad.

La audiencia en Casación será clave: allí, tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal expondrán sus argumentos. Luego, los jueces tendrán un plazo de cinco días hábiles para decidir si modifican las condiciones impuestas.

Mientras tanto, más de 700 personas, entre ellos 44 diputados y 30 senadores, solicitaron formalmente autorización para visitar a la ex mandataria en su domicilio. La mayoría de las peticiones provienen de dirigentes de Unión por la Patria y agrupaciones afines.

La postura de los fiscales

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la acusación en el juicio oral, ya manifestaron su rechazo. Aunque por ahora no intervinieron en esta etapa del expediente, mantienen la posibilidad de apelar si el tribunal resuelve de forma desfavorable para su posición. Ambos sostienen que la gravedad de los delitos comprobados, la posición institucional y la magnitud del perjuicio hacen improcedente cualquier tipo de beneficio carcelario.