El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, criticó este viernes el régimen de promoción industrial vigente en Tierra del Fuego y sostuvo que el esquema actual otorga “una cantidad de beneficios impositivos muy grandes” que distorsionan la competitividad del país. “Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”, afirmó en una entrevista con radio Splendid, al respaldar la decisión del Gobierno de avanzar con la reducción de aranceles para productos electrónicos importados.

Francos planteó que el régimen fueguino funciona desde hace décadas con un nivel de protección que ya no se justifica: “Se exageran las cosas. Todo lo que se produce allí tiene mucha protección y entra al continente con un costo muy alto”. En este contexto, señaló que las condiciones han cambiado a nivel internacional, con una caída global de los precios de los productos electrónicos, y que es momento de generar “un marco de competitividad entre los argentinos”. “Tierra del Fuego tendrá que ajustarse y competir más”, sentenció.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el régimen vigente representa un freno al crecimiento del empleo y un gasto fiscal injustificable. “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, expresó en sus redes sociales.

Rechazo sindical y preocupación empresarial

El anuncio del Gobierno sobre la reducción progresiva de aranceles desató una fuerte reacción sindical. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llevó adelante un paro total en las plantas de Ushuaia y Río Grande como respuesta a lo que consideran una amenaza directa a los puestos de trabajo en la isla.

En el sector empresarial, el CEO de Newsan, Luis Galli, expresó su preocupación por la decisión del Ejecutivo. “Con esta medida, será difícil continuar fabricando celulares en el país”, advirtió durante el Congreso del IAEF. En sus declaraciones, señaló que las empresas realizaron inversiones bajo un marco de incentivos que ahora se modifica abruptamente, sin una etapa de transición ni previsibilidad.

Galli subrayó que el régimen no solo buscaba fomentar el empleo local, sino también crear una cadena de valor tecnológica. Según su visión, una apertura comercial sin protección podría implicar la pérdida de capacidades productivas instaladas y un golpe a la industria nacional.

Un sistema que acumula críticas y costos

El régimen de promoción de Tierra del Fuego, vigente desde la Ley 19.640 de 1972, ha sido objeto de críticas crecientes. La Fundación Fundar estimó que el costo fiscal anual del subrégimen industrial asciende a 1.070 millones de dólares, lo que representa el 0,22% del PBI. De ese monto, más de 600 millones provienen de beneficios vinculados al IVA, mientras que el resto corresponde a exenciones en aranceles y otros tributos.

Los analistas coinciden en que el régimen fue clave para poblar la isla y promover la industria en los años 70. Sin embargo, hoy su impacto en términos de valor agregado, empleo genuino y productividad es limitado. Además, se lo señala como una traba para la baja de precios, especialmente en electrónica. Donde el encarecimiento por ensamblaje local fue evidente en años de restricción importadora.

Reforma pendiente

Desde el entorno de Javier Milei y del propio Francos se insiste en que la Argentina debe revisar todos los regímenes de promoción que distorsionan el mercado y elevan artificialmente los precios. En este contexto, Tierra del Fuego representa un caso testigo. Aunque la eliminación total del régimen todavía no está en agenda, los cambios en aranceles y beneficios impositivos marcan el inicio de una etapa de ajuste que, según el oficialismo, apunta a generar “más empleo real” y reducir el gasto público innecesario.