Tras las graves repercusiones por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años, víctima de un asalto en la ciudad de La Plata, el Gobierno nacional reavivó la discusión por la baja de edad de imputabilidad. La iniciativa presentada el año pasado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona comenzó a debatirse en comisión, pero no llegó al recinto. En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo se manifestó a favor de bajar el límite inferior de edad en el cual los menores pueden ser juzgados.

El mandatario sostuvo que «mayoritariamente los delitos los están haciendo los menores. Los mayores los mandan a delinquir porque saben que no los pueden detener o que entran por una puerta y salen por otra. Los usan para vender drogas, para cometer robos. Eso se tiene que terminar, alguien tiene que poner orden”, afirmó.  

“Algunos cuestionan a la Policía cuando se excede. Yo prefiero una Policía que actúe, que ejerza sus funciones dentro de la ley, pero que esté en la calle. Porque hechos como el de Buenos Aires, como muchos otros, destruyen familias, y son vidas que nunca más se recuperan”, apuntó Jaldo.  “Estoy de acuerdo en bajar la imputabilidad porque con las estadísticas que tenemos, la mayoría de los delitos los están cometiendo menores. Creo que el peso de la ley también les tiene que llegar a ellos”, sentenció.

Proyecto oficial

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años. No obstante, el Ministerio de Seguridad envió un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años. De acuerdo al Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados de aprehensión, de los cuales 1.022 tenían menos de 16 años. Los datos muestran a las claras el grave índice de delincuencia en menores, algo que representa un completo desafío para la dirigencia política.