El Ministerio de Salud de la Nación envió ayer 300.000 cartas documento a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL). Los beneficiario fueron notificados para presentarse a una evaluación médica obligatoria ante el PAMI llevando toda la documentación relevante para realizar los controles. Se trata del primer paso de un relevamiento que alcanzará a un millón de personas, a fin de chequear que los mismo cumplan con los requisitos legales para recibir el beneficio y detectar irregularidades. Las primeras auditorías se realizarán en Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

En base a las evaluaciones profesionales, especialistas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitirán los dictámenes que definirán la continuidad o no del beneficio. La asistencia a estos chequeos será obligatoria. El organismo informó que de no cumplir con lo requerido, se procederá a la suspensión de la pensión. Además, quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, presentando la documentación respaldatoria de forma virtual.

Según las proyecciones del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revisión de estas pensiones por invalidez permitirá un ahorro estimado del orden de los 900.000 millones de pesos este año. Para la implementación de esta revisión, el Gobierno firmó acuerdos específicos con ANDIS y PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos que permitan la baja de beneficios irregulares. El proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se prevé que la auditoría de la totalidad de pensiones activas concluya en la primera mitad de 2025.

Irregularidades

A partir de las auditorías iniciadas en 2024. se detectaron diferentes irregularidades en relación a la asignación de pensiones por invalidez. En muchos casos, no se cumplía con los requisitos legales o la documentación no era suficiente. También se detectó documentación apócrifa, personas fallecidas que seguían percibiendo el beneficio. así como presos y prófugos de la justicia que deberían haber perdido tal derecho y seguían recibiendo la pensión.