La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia el viernes pasado tras su publicación en el Boletín Oficial y modifica de manera sustancial el vínculo entre los contribuyentes y el Estado. La norma redefine los controles tributarios, eleva los montos para que exista delito penal y crea un régimen simplificado que apunta a reducir la litigiosidad y brindar mayor previsibilidad fiscal.

La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y rige de forma inmediata, aunque todavía restan reglamentaciones clave por parte del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo marco legal introduce presunciones favorables para quienes cumplen en término y endurece el enfoque solo ante inconsistencias relevantes o maniobras fraudulentas.

Uno de los cambios centrales es la actualización de los montos que configuran el delito de evasión. A partir de ahora, la evasión simple se considera delito penal recién cuando supera los $100 millones, mientras que la evasión agravada eleva su umbral a $1.000 millones. Además, se incrementaron los valores mínimos para aplicar multas y sanciones administrativas.

Qué reglamentaciones faltan

Especialistas en tributación advierten que aún falta definir cómo se aplicarán varios puntos clave de la ley. Sebastián Domínguez, tributarista, explicó que resta el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo y resoluciones específicas de ARCA, especialmente sobre el funcionamiento de la declaración jurada simplificada.

Según detalló, la ley fija límites de ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones para acceder al régimen, pero habilita al Ejecutivo a incorporar nuevas condiciones. Además, ARCA deberá establecer si el contribuyente podrá editar o corregir la información que el organismo ponga a disposición.

En paralelo, persisten interrogantes sobre el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF). Las normas antilavado no se modificaron y continúan vigentes los controles sobre depósitos en efectivo y movimientos de fondos, lo que implica que la adhesión al régimen tributario no elimina los análisis de riesgo que realizan los bancos.

Declaración jurada simplificada y presunción favorable

La ley crea una declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos establecidos. Quienes adhieran y acepten la declaración propuesta por ARCA, pagando en término, obtendrán un efecto liberatorio: se considerarán cumplidas las obligaciones formales y materiales del impuesto a las Ganancias del período declarado.

La norma establece que la presunción de exactitud será favorable al contribuyente, salvo que ARCA detecte discrepancias significativas. Estas se configuran cuando la diferencia supera el 15% del impuesto determinado o determinados montos objetivos, o cuando se detecta facturación apócrifa.

En esos casos, el organismo podrá extender la fiscalización a períodos no prescriptos y aplicar sanciones. Sin embargo, quienes cumplan correctamente bajo el régimen simplificado quedan protegidos frente a acciones administrativas, civiles o penales por esos períodos.

Cambios en prescripción y denuncias penales

Otro punto relevante es la reducción de los plazos de prescripción. Para contribuyentes inscriptos que presenten declaraciones en término y sin inconsistencias, el plazo baja de cinco a tres años. Para no inscriptos, se mantiene en diez años.

Además, la ley impide formular denuncia penal si el contribuyente cancela el monto evadido y los intereses antes de que se inicie la acción judicial. Si la denuncia ya fue presentada, la acción se extingue si se paga la deuda más un adicional dentro del plazo previsto.

La normativa también prevé una actualización automática anual de los montos a partir de 2027, según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), y convoca a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus sistemas a criterios similares.

Con este esquema, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema tributario más simple, previsible y con menor conflictividad, centrando los controles en casos relevantes y reduciendo la presión sobre los contribuyentes que cumplen.