El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año. Ambas normas habían sido sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, y son consideradas pilares de la estrategia económica para la próxima etapa de gestión.

El Presupuesto 2026 prevé gastos totales por $148 billones y fija como objetivo un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno. El texto oficial proyecta una inflación anual del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026.

Según la distribución del gasto, la mayor partida estará destinada a servicios sociales, con $106,5 billones, seguida por los pagos de deuda pública, que alcanzan los $14,1 billones, y los servicios económicos, con $11,4 billones. Además, se establecen restricciones para cubrir vacantes en la administración pública nacional, con excepciones para áreas consideradas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

Entre los principales lineamientos, el Presupuesto contempla un superávit financiero del 0,2% del PBI, un aumento de las exportaciones del 10,6% y una asignación de $4,8 billones para las universidades nacionales. También prevé incrementos del 5% en jubilaciones, del 17% en el gasto en Salud y del 8% en Educación.

Se trata del primer Presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Javier Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo funcionó con prórrogas presupuestarias.

En paralelo, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y el Procedimiento Tributario. La norma busca incentivar el ingreso al sistema formal de ahorros en dólares que se encuentran fuera del circuito bancario.

La ley parte del principio de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. No implica una eliminación de impuestos ni un blanqueo de antecedentes fiscales, y tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera.

El régimen permite utilizar ahorros por hasta $100 millones sin sanciones, aunque excluye a quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.

Con la promulgación de ambas leyes, el Ejecutivo dio el primer paso formal del año en la implementación de su programa económico, con foco en el equilibrio fiscal y en la ampliación de la base de recursos dentro del sistema financiero formal.