El proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo al Senado abrió un nuevo foco de tensión política y fiscal. Según estimaciones oficiales y privadas, las rebajas impositivas incluidas en la reforma laboral implicarían un costo fiscal cercano al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que equivale a la mitad del superávit proyectado para 2026. El Gobierno, sin embargo, no detalló cómo planea compensar esa pérdida de recursos.

La discusión no solo involucra al Congreso. Al tratarse de impuestos coparticipables, el impacto también alcanzaría a las provincias, que ya manifestaron su preocupación ante una eventual caída en los fondos que reciben por la vía de la coparticipación federal.

El eje del conflicto: menos impuestos, menos recursos

Desde la oposición advierten que el proyecto plantea una contradicción central. Mientras el oficialismo exige que cualquier ley con impacto fiscal tenga financiamiento explícito —criterio que utilizó para cuestionar normas como el financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad—, en este caso no se precisan las fuentes para cubrir la merma de ingresos.

El impacto fiscal estimado del 0,8% del PBI representa alrededor de US$ 5.500 millones anuales, un monto significativo si se lo compara con el superávit del 1,5% del PBI previsto en el proyecto de Presupuesto 2026.

Qué cambios impositivos incluye la reforma

El capítulo tributario del proyecto contempla varias modificaciones. Una de las principales es la reducción de contribuciones patronales, que hoy financian el sistema jubilatorio. En concreto, un 3% de esos aportes pasaría a destinarse al nuevo régimen de indemnizaciones por despido en el sector privado.

A esto se suma una baja del aporte obligatorio de los trabajadores a las obras sociales, que se reduciría del 6% al 5% del salario. Además, el proyecto propone cambios en el Impuesto a las Ganancias corporativo, junto con la eliminación de impuestos internos aplicados a consumos como seguros, telefonía, autos de lujo, embarcaciones y aeronaves.

Las estimaciones privadas sobre el costo fiscal

La consultora Invecq calculó que el costo total de las medidas alcanzaría el 0,83% del PBI. Según su análisis, 0,5% corresponde a la reducción de contribuciones patronales, mientras que el 0,33% restante surge de incentivos tributarios, principalmente por la baja del Impuesto a las Ganancias empresariales y la eliminación de impuestos internos.

Un informe de CEPA llegó a conclusiones similares. Estimó que solo la reducción de contribuciones patronales implicaría una pérdida de US$ 2.070 millones anuales, mientras que la baja de Ganancias para sociedades representaría otros US$ 2.279 millones, a lo que se sumarían US$ 334 millones por la eliminación de impuestos internos.

El impacto sobre la Seguridad Social y las provincias

Desde el Congreso, el diputado Guillermo Michel advirtió que la reducción de contribuciones patronales desfinanciaría al sistema de Seguridad Social en $4,8 billones, equivalentes al 0,46% del PBI. Según sus cálculos, la baja en Ganancias corporativas implicaría otros $3,1 billones menos de recaudación, con beneficios concentrados en un grupo reducido de grandes empresas.

El punto más sensible, remarcó Michel, es el impacto sobre las provincias. De ese total, $1,7 billones dejarían de llegar a las jurisdicciones subnacionales por coparticipación, lo que equivale a $144.000 millones menos por mes durante 2026 en promedio.

En la misma línea, el senador Jorge Capitanich estimó que el costo fiscal total del paquete rondaría los US$ 5.700 millones anuales, de los cuales US$ 3.285 millones afectarían directamente a las provincias.

Críticas políticas y debate abierto

La falta de precisiones sobre el financiamiento encendió reproches cruzados. El diputado Nicolás Massot cuestionó que el Gobierno encuentre recursos para reducir impuestos a consumos de alto poder adquisitivo mientras rechaza iniciativas vinculadas a jubilaciones, universidades o discapacidad por razones fiscales.

El debate aún no comenzó formalmente en las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado, pero todo indica que el impacto fiscal y la distribución del costo entre Nación y provincias será uno de los ejes más conflictivos de la discusión parlamentaria.