En el inicio formal del debate de la reforma laboral en el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscó despejar uno de los ejes más cuestionados por la oposición: el alcance temporal de la iniciativa. Ante las críticas del kirchnerismo, ratificó que la ley solo se aplicará a las nuevas contrataciones y que los vínculos laborales existentes conservarán “los derechos consagrados”.

La exposición del funcionario se dio durante un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, ambas bajo control de La Libertad Avanza.

Alcance de la ley y límites a la retroactividad

Cordero insistió en que no habrá afectación sobre relaciones laborales previas. “Los anteriores tienen los derechos consagrados”, reiteró, en respuesta directa a los cuestionamientos del senador Mariano Recalde, uno de los principales oradores del kirchnerismo.

El secretario explicó que existen excepciones puntuales en las que sí rige algún tipo de aplicación retroactiva, como en el caso de juicios laborales pendientes o en la reducción de cargas, pero descartó cambios estructurales sobre contratos ya existentes.

Autonomía laboral y rol del empleador

Otro de los ejes centrales de la defensa oficial giró en torno al cambio en las formas de trabajo. Según Cordero, muchas personas hoy eligen desempeñarse como trabajadores autónomos, mientras que en la relación de dependencia la reforma apunta a restituir al empleador el “poder de organización” y el “control”.

“Si una relación laboral se vuelve riesgosa, en lugar de fomentarla, se la termina perjudicando”, sostuvo el funcionario, al justificar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

El respaldo de Capital Humano y la reacción opositora

Durante su intervención, Cordero remarcó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, impartió una directiva clara para que la reforma preserve los derechos esenciales de los trabajadores. Ese punto fue uno de los principales focos de ataque del kirchnerismo, que más temprano intentó frenar la integración de las comisiones en medio de gritos y protestas.

Desde ese sector anticiparon una eventual judicialización del proceso, aunque en el oficialismo recuerdan que el pleno del Senado es soberano y que cualquier duda procedimental puede ser saldada con votos en el recinto.

Pymes, inversiones y beneficios fiscales

En el mismo plenario expuso Carolina Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, quien detalló los capítulos de la ley vinculados a las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, el régimen contempla tres puntos centrales: los umbrales de inversión para equiparar pymes con grandes compañías, la amortización acelerada según el tipo de bienes y la devolución del IVA asociado a las inversiones.

Estos aspectos generaron cuestionamientos en la oposición, especialmente sobre los criterios para definir el alcance de los beneficios.

La dura crítica del kirchnerismo

Recalde mantuvo una postura frontalmente opuesta. Aseguró que el empleo “no está estancado, sino en caída” y afirmó que se perdieron 250.000 puestos de trabajo y cerraron 22.000 empresas, según datos de ARCA.

El senador enumeró una larga lista de objeciones: incentivos a contratos de locación, triangulaciones laborales, falta de regulación sobre repartidores de plataformas, cambios en indemnizaciones, eliminación de la participación en utilidades, “salarios dinámicos” por mérito, fraccionamiento de vacaciones, eliminación del preaviso en el período de prueba, pago en cuotas de sentencias, banco de horas y nuevos límites a la jornada laboral, entre otros puntos.

La pulseada política y los tiempos del Congreso

Más allá del cruce discursivo, la Casa Rosada y Bullrich intensificaron en las últimas semanas las negociaciones con bloques aliados para garantizar los votos necesarios. El objetivo es evitar dictámenes con fuertes disidencias o, peor aún, modificaciones en el recinto, un escenario que genera preocupación en el oficialismo por los tiempos legislativos.

En paralelo, el Congreso debate otros proyectos clave: las modificaciones a la ley de glaciares en un plenario de Ambiente y Minería, y en Diputados el Presupuesto 2026 junto al proyecto de Inocencia Fiscal. La intención del oficialismo es dictaminar la reforma laboral este viernes y llevarla al recinto el 26 de diciembre. Si surgen trabas, la votación podría postergarse al lunes 29, en el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei hasta el 30 del mes.