Durante la jornada se dictó prevención preventiva a la joven alumna de la Escuela Normal que realizó una amenaza de bomba a la institución el pasado lunes 28 de agosto mediante un correo electrónico enviado a los empleados de la fotocopiadora. En el fallo, la jueza a cargo dictaminó que la joven tuviera prisión preventiva por 30 días bajo el servicio penitenciario, pero rechazó la inhabilitación general de bienes que implicaba un embargo de 3 millones de pesos por el costo del operativo de evacuación.

En la audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que conduce Mariana Rivadeneira, se formalizaron los cargos por el delito de intimidación pública, en perjuicio de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán. Las evidencias presentadas implicaron el teléfono celular secuestrado, además del informe presentado del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el cual mediante un oficio a la plataforma Google y a la compañía de internet de donde se rastreo el IP mediante el cual se envió el email. Ambas pruebas vincularon a la imputada en el hecho.

Sin embargo, la Fiscal advirtió que «tenemos que tener en cuenta con el secuestro del teléfono con una actividad que no sería ajena porque hay mensajes, mail e información que ha sido borrada. Este detalle no es menor porque integraría un grupo de Whatsapp que aludía al tema de las amenazas de bomba». En este contexto aclaró que «la señorita hizo desaparecer evidencia importante que entorpece la investigación con datos borrados que conlleva un arduo trabajo de software y sistemas operativos para recolectar esa información no menor. Debemos continuar con la investigación para determinar otros autores, coautores o testigos y la relación con los otros hechos (se hicieron otras seis amenazas en el establecimiento). Es una investigación compleja por el modo de comisión y restan medidas como recibir información de testigos, de compañeros de cursado y de los dos señores de la fotocopiadora (quienes recibieron el mail)”.

Finalmente, si bien la Fiscalía solicitó 90 días de prisión preventiva y una inhibición de bienes por el costo del operativo. La defensa de la acusada solicitó arresto domiciliario. La magistra dictaminó solo 30 días de prisión preventiva en el servicio penitenciario, sentencia que no fue objetada por la defensa.