En el marco del último encuentro del Foro de Seguridad Rural Argentino, productores, funcionarios y especialistas disertaron sobre usurpaciones, seguridad rural y abigeato. Durante el encuentro desarrollado en la provincia de Corrientes, productores de todo el territorio nacional instaron al actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, a dejar de hacer «la vista gorda” ante las usurpaciones y la ocupación ilegal de tierras. Estos responsabilizaron al organismo por los mecanismos utilizados frente a presuntos delitos contra la propiedad. El encuentro estuvo a cargo del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina, que impulsa la creación de patrullas rurales. 

En ese marco, el foro presidido por Héctor Hernández Vieyra, se solidarizó con los productores afectados. Tras el encuentro, los productores reclamaron “el fin de las usurpaciones, la restitución de las tierras y el cese de la colaboración del INAI con usurpadores disfrazados de ‘indígenas’”. “El INAI debe dejar de hacer la vista gorda en algunos casos o contribuir al mal en otros. Es insoportable el daño causado por las diferentes leyes y resoluciones (incluso emanadas de un gobierno anterior en el que el actual presidente del INAI fue secretario de Derechos Humanos) donde se llegó al extremo de interferir en la justicia posponiendo desalojos en favor de legítimos propietarios”, señalaron en un comunicado. 

Auditoría en el INAI

En ese sentido, la nueva gestión de Gobierno inició hace algunas semanas una auditoría interna en el INAI para detectar eventuales irregularidades. A raíz de esto, se desprendió una causa por el reconocimiento irregular de tierras a distintas comunidades. Estas se llevaron adelante durante la última semana de mandato de Alberto Fernández. No obstante, la situación también se extiende a períodos anteriores. En este contexto, miles de propietarios de tierras presuntamente usurpadas por supuestos integrantes de “pueblos originarios” han iniciado acciones en la justicia. Paralelamente, piden respuestas al organismo cuestionado y a las autoridades del Gobierno nacional.

La causa se inició a partir de la presentación del diputado nacional Sergio Capozzi (PRO) en el Congreso de la Nación. La misma derivó en una investigación a cargo del fiscal Carlos Stornelli. En ella se pudo observar que en 2023, el INAI emitió una cantidad significativa de reconocimientos de tierras a “comunidades indígenas”. Estas, en muchos casos carecen de documentación, presentan contradicciones con los organismos públicos o carecen de “seriedad y formalidad”, según detalló la fiscalía.

Propuesta de Ley

Durante la gestión de Fernández, se prorrogó la Ley 26.160, vigente desde 2006. Esta declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que “tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias”. La norma impide el desalojo de personas físicas que declaren pertenencia a comunidades y sean reconocidas por las mismas. Esto supone un punto de conflicto respecto al marco jurídico de nuestro país. La posición fue avalada mediante los mecanismos del INAI. Este realiza relevamientos de territorios y reconocimiento de “Ocupación Actual, Tradicional y Pública” de tierras. En contraposición, el legislador Capozzi, presentó un nuevo proyecto de ley que busca «evitar abusos» en dichos reconocimientos. Según el argumento planteado, los mecanismos utilizados hoy en día “se emplean como instrumento de usurpaciones”.

Proyecto presentado en Diputados