La Unión Tranviarios Automotor (UTA) aceptó la propuesta presentada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y confirmó que los trabajadores del transporte público cobrarán los salarios correspondientes a mayo entre el 8 y el 9 de junio. Tras el acuerdo, el gremio garantizó la normal prestación del servicio en toda la provincia y descartó la aplicación de una medida de fuerza.

La definición llegó luego de una nueva reunión entre empresarios y representantes sindicales realizada este martes en la sede de AETAT. El encuentro se concretó tras varios días de negociaciones iniciadas a partir del planteo empresarial para desdoblar el pago de salarios y abonar el aguinaldo en cuotas debido a la situación financiera que atraviesa el sector.

Posteriormente, la conducción de UTA convocó a una asamblea con el cuerpo de delegados para analizar la oferta. Tras el debate, el gremio resolvió aceptar la propuesta vinculada al pago de los haberes de mayo y despejar, al menos por ahora, la posibilidad de medidas de fuerza.

«Se ha llegado a un acuerdo que entre 8 y 9 de junio se va a pagar el sueldo correspondiente al mes de mayo en su totalidad. Lo consultamos con el cuerpo orgánico del gremio y se ha resuelto que vamos a aceptar y se va a prestar servicio normalmente», informó el secretario general de UTA Tucumán, César González.

La situación del medio aguinaldo todavía no quedó resuelta. El dirigente explicó que el tema será abordado en los próximos días y reiteró el reclamo para que el pago se realice dentro de los plazos legales establecidos. «Vamos a tratar en el transcurso de la semana que viene comenzar a ver cómo se va a hacer efectivo el pago. Lo que queremos es que se pague el aguinaldo en tiempo y forma y en su totalidad como corresponde», sostuvo González.

El referente sindical también se refirió a la crisis estructural que afecta al transporte público y consideró que la solución requiere una revisión integral del sistema. Según explicó, es necesario actualizar los costos reales del servicio para evitar que tanto usuarios como trabajadores queden expuestos de manera recurrente a conflictos vinculados al financiamiento de la actividad.