El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La cifra por la presunta maniobra realizada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández ascendería a 3.400 millones de dólares. Desde el Ejecutivo estiman que el desvío de fondos representa el 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Diego Spagnuolo, director ejecutivo del organismo realizó una denuncia penal que será ampliada a medida que se avancen las auditorías.

La causa quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan. En el expediente se observa documentación que rosa lo insólito. “Lo que descubrimos es escandaloso”, señalaron desde ANDIS. Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Dentro de ellas se encontraron: 100.000 niños cobrando la pensión, 25.000 personas que trabajan, 60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que se encuentran beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta un avión. Además, hay 30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

Detalles del informe

“Tenemos la radiografía de un hombro mismo hombro roto en 157 expediente. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que. En vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describió Spagnuolo. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalcó.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, señalan las autoridades de ANDIS. “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, advirtieron.

La presentación en la justicia señala que «sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, señalaron funcionarios de ANDIS. Por otro lado, resaltan irregularidades como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos”, y otros como la instalación de un gazebo y 20 remeras para la marcha LGBT+ del 20023 por lo cual se abonó $900.000.

La investigación

El fiscal Marijuán sostuvo que la maniobra se habría realizado a través de decretos y resoluciones, flexibilizando los criterios establecidos para el otorgamiento de pensiones. Según el fiscal, con este mecanismo se puso en marcha un circuito de «favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad». Según las pruebas aportadas a la causa las personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles, así como personas que trabajaban.

La sospecha es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS “la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quienes estaban involucrados”, advirtieron. La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.