La Justicia federal ordenó suspender la aplicación del protocolo antipiquetes y el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión para revertirla. El fallo fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y cuestionó la validez legal del procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad.

Según la resolución, el protocolo presenta vicios en su conformación jurídica, al considerar que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que son exclusivas del Congreso. En ese sentido, el magistrado sostuvo que, mediante la resolución 943/2023, el Ministerio de Seguridad legisló sobre materia penal y procesal, competencias reservadas al Poder Legislativo.

Tras conocerse la decisión, el Gobierno adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde la Casa Rosada defendieron la legitimidad del protocolo y aseguraron que su aplicación “garantiza la paz social” y el derecho constitucional a la protesta. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás”, señalaron fuentes oficiales.

El fallo se conoció luego de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cabe recordar que el mismo juez había rechazado en marzo pasado un pedido similar para suspender el protocolo y hasta supervisó personalmente un operativo durante una marcha de jubilados.

Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, emitieron un comunicado en el que ratificaron la decisión de apelar y advirtieron que, sin esta herramienta, “vuelve el caos”. En el texto oficial remarcaron que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y que desde su implementación permitió garantizar la libre circulación y el orden en el espacio público.

Monteoliva también se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que el fallo responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina” y aseguró que el Gobierno defenderá el protocolo “a toda costa”. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.

En la misma línea se pronunció la diputada Patricia Bullrich, quien cuestionó la decisión judicial y sugirió una motivación política detrás del fallo. “Fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”, sostuvo, y apuntó contra quienes “viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

Mientras avanza la apelación, el fallo de Cormick deja en suspenso la aplicación del protocolo antipiquetes, una de las principales banderas del Gobierno en materia de orden público desde el inicio de la gestión.