En el marco de un allanamiento, los efectivos de la División Cibercrimen secuestraron este martes un teléfono celular por una una causa en la que se investiga una amenaza pública realizada a la dirección de la Escuela Técnica N°1. El hecho sucedió el 25 de agosto pasado, cuando la vicedirectora recibió un llamado anónimo al teléfono fijo del establecimiento escolar con una amenaza de bomba, por lo que tuvieron que desalojar el edificio y activar el protocolo correspondiente. 

Luego de la denuncia, las autoridades de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad solicitaron informes al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para determinar la línea telefónica vinculada a la llamada de intimidación pública. Con este dato, el juez Lucas Taboada autorizó un allanamiento en el domicilio del titular de la línea telefónica investigada, ubicado en Barrio Modelo, en la Capital.

Allí, este martes, los efectivos secuestraron el aparato móvil que permitirá avanzar en la investigación. La medida judicial fue supervisada por el jefe de la División Cibercrimen, Comisario Principal Héctor Marín, y el jefe del Departamento Inteligencia Criminal (D-2), Comisario General Héctor Vizcarra. 

Durante el mes de agosto, la provincia se vio afectada por una epidemia de amenazas de bombas principalmente a instituciones educativas, pero también se vieron afectadas, aunque a menor escala, empresas privadas y organismos públicos. Luego de una modificación en el protocolo en el que se estableció que ya no se suspenderían las actividades en caso de recibir una amenaza y tras una serie de condenas a prisión preventiva para alguno de los implicados en estas amenazas, las frecuencias en estas intimidaciones redujeron significativamente. Durante el mes de octubre no se han registrado amenazas en ningún establecimiento.