La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni retomó su actividad en los tribunales federales de Comodoro Py después de la feria judicial de invierno. El fiscal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento para que el exfuncionario explique las inconsistencias detectadas entre sus ingresos, gastos y bienes declarados. La medida del caso todavía no tiene una fecha definida y deberá ser solicitada ante el juez federal Ariel Lijo.

Antes del receso, la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones entregó un informe contable que también analizó la situación patrimonial de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Según informó Infobae a partir de fuentes judiciales, el documento cuantificó las diferencias encontradas y las organizó año por año. El contenido completo del estudio no fue difundido.

El requerimiento será la primera oportunidad para que Adorni presente formalmente sus explicaciones dentro del expediente. Si la respuesta y la documentación aportada no despejaran las sospechas, la fiscalía podría evaluar un pedido de declaración indagatoria. Esa instancia no fue solicitada hasta el momento y tampoco existe una imputación definitiva sobre las inconsistencias señaladas.

Las operaciones que analiza la Justicia

Antes de dejar el Gobierno, Adorni sostuvo públicamente que en 2014 había invertido USD 200.000 de sus ahorros en Bitcoin. Según su explicación, esa operación le permitió reunir cerca de medio millón de dólares que no utilizó hasta ingresar a la función pública. La investigación deberá establecer si esa versión coincide con los movimientos patrimoniales registrados.

En una rectificación de sus declaraciones juradas y en la presentación correspondiente a 2025, el exfuncionario informó una tenencia de USD 565.000 originada en una «venta de activos». La documentación conocida no precisa cuáles fueron esos bienes ni detalla las características de la operación. Una de las cuestiones bajo análisis es si el monto corresponde a la conversión de criptomonedas a dólares.

El informe financiero deberá servir de base para que la fiscalía determine qué operaciones requieren una explicación adicional. Adorni podrá aportar comprobantes, movimientos bancarios y otros elementos para justificar el origen y la evolución de los fondos. La evaluación posterior quedará a cargo de Pollicita y del juzgado de Lijo.

Las denuncias quedaron reunidas en una sola causa

Las últimas declaraciones juradas originaron nuevas presentaciones por presunta falsedad ideológica. Las denuncias fueron impulsadas por los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, el abogado José Magioncalda, de la Fundación Apolo, y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz. Los denunciantes sostuvieron que pudo haber existido una omisión deliberada de bienes para evitar obligaciones tributarias y controles patrimoniales.

Los expedientes habían sido distribuidos entre distintos juzgados y fiscalías por sorteo de la Cámara Federal. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, todas las actuaciones fueron acumuladas en la causa principal que tramitan Lijo y Pollicita. Los investigadores consideraron que las presentaciones se referían al mismo conjunto de hechos, aunque propusieran encuadres jurídicos diferentes.

A partir de esa decisión, las sospechas por presunta falsedad ideológica serán examinadas junto con la investigación por posible enriquecimiento ilícito. La unificación no implica que los delitos hayan sido probados ni que exista una resolución contra el exjefe de Gabinete. El próximo movimiento previsto es el pedido formal para que Adorni justifique los puntos observados en su patrimonio.