La ONG Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) difundió un informe sobre crímenes recientes contra niños y adolescentes ocurridos en distintas provincias. La organización identificó alertas de violencia que no habrían recibido una respuesta adecuada, revinculaciones ordenadas pese a antecedentes de maltrato y dificultades de coordinación entre organismos estatales. Según su diagnóstico, esas falencias pudieron agravar situaciones de riesgo que requerían intervenciones más rápidas y especializadas.

El documento reclama la aplicación efectiva de la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, que estableció una capacitación obligatoria y permanente sobre derechos de niños y adolescentes para integrantes de los tres poderes del Estado. También pide que el Congreso avance con el proyecto 1975-D-2026, destinado a prevenir, asistir, sancionar y erradicar el maltrato infantil. La entidad propuso además declarar el 21 de junio como Día Nacional de Concientización y Lucha contra el Filicidio.

ASAPMI solicitó que los organismos nacionales, provinciales y municipales asignen partidas específicas para la formación y supervisión de los equipos que intervienen en estos casos. El reclamo alcanza a juzgados de familia, profesionales de la salud, trabajadores sociales y áreas de protección de derechos. La organización también pidió a los medios de comunicación que consulten a especialistas y eviten interpretaciones apresuradas al abordar estas situaciones.

Los casos incluidos en el informe

Uno de los hechos mencionados es el asesinato de Ángel Nicolás López, de cuatro años, en Comodoro Rivadavia. Su madre, Mariel Altamirano, y su padre afín, Michael González, permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación. De acuerdo con el informe de la organización, el niño había sido revinculado con su madre por decisión de un juzgado de familia pese a que existían alertas previas de maltrato.

El Cuerpo Forense de Chubut detectó lesiones compatibles con episodios anteriores de violencia, según la información incorporada al documento. La Justicia provincial y el organismo encargado de la protección de los derechos de niños y adolescentes iniciaron actuaciones internas para analizar las intervenciones realizadas. Las responsabilidades institucionales todavía se encuentran bajo evaluación.

ASAPMI también incluyó el caso de Gian y Giulia Colombo, de diez y cuatro años, ocurrido en General Lagos, Santa Fe. Su padre, Horacio Nicolás Colombo, los intoxicó con monóxido de carbono y posteriormente se quitó la vida. La madre había presentado una denuncia por violencia de género y contaba con una restricción de acercamiento, aunque la medida no alcanzaba a los menores.

La organización sostuvo que el episodio podría corresponder a un caso de violencia vicaria y cuestionó que la protección no se hubiera extendido a los niños. Esa calificación representa la interpretación de la entidad y no una resolución judicial. La causa penal fue iniciada por doble homicidio seguido de suicidio.

El informe menciona además el asesinato de Ilan Mareco Vázquez, de ocho años, en Santa Ana, Misiones. Su madre, María Mareco, quedó imputada en la investigación. ASAPMI aclaró que no contaba con mayor información sobre las circunstancias del hecho.

El cuestionamiento a las revinculaciones

El documento dedica un apartado al historial familiar de Lucía Sosa, en Villa Gesell, y a las decisiones adoptadas luego de la muerte de dos de sus hijas. En 2018, Sosa y su entonces pareja, Héctor Picard, fueron absueltos porque el tribunal consideró insuficiente la prueba científica para acreditar un homicidio. La Justicia de Familia, sin embargo, retiró a la mujer el cuidado de sus otros hijos al considerar que el hogar constituía un ambiente inconveniente.

ASAPMI sostuvo que posteriormente se promovieron procesos de revinculación con la madre pese a testimonios sobre presuntos episodios de maltrato y evaluaciones que advertían riesgos. La organización cuestionó que esos procedimientos se aplicaran de manera obligatoria y sin considerar suficientemente la situación de cada niño. Las afirmaciones corresponden al análisis realizado por la entidad a partir de los antecedentes que reunió.

Como referencia sobre las responsabilidades de los equipos estatales, el informe recordó el caso de Thiago Quipildor, en Salta. Además de los responsables directos del crimen, fueron condenados profesionales que habían intervenido previamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Las sentencias incluyeron penas de ejecución condicional e inhabilitaciones.

La organización sostuvo que la normativa vigente dispone de herramientas para detectar y abordar situaciones de violencia, pero advirtió que su aplicación continúa siendo desigual. En su conclusión, señaló que una intervención adecuada, especializada y oportuna podría haber evitado varios de los desenlaces analizados. El reclamo principal apunta a mejorar la capacitación y la coordinación antes de que los niños regresen a entornos considerados de riesgo.