Un policía y cuatro hombres fueron acusados por el robo de cables subterráneos ocurrido en Barrio Sur, en San Miguel de Tucumán. Según la investigación, el grupo habría simulado ser una cuadrilla de trabajadores para retirar los cables de una empresa telefónica y escapar con una carga de cobre valuada en unos $37 millones.

El hecho ocurrió el martes 25 de agosto, alrededor de las 6.30, en la intersección de Rondeau y Chacabuco. De acuerdo con la acusación, cuatro hombres de 24, 25, 26 y 33 años llegaron junto a otras dos personas que todavía no fueron identificadas y un efectivo policial de 35 años, a bordo de una camioneta roja registrada en Aguilares.

Según la investigación, los sospechosos descendieron del vehículo después de distribuirse las tareas y colocaron conos reflectivos, cinta perimetral y un cartel de desvío para aparentar que realizaban trabajos autorizados. Luego intervinieron una boca de tormenta y cortaron cables que estaban instalados en las cañerías subterráneas.

Los investigadores sostienen que fueron sustraídos 200 metros de cables de 2.200 pares y otros 200 metros de cables de 1.200 pares, ambos de cobre y pertenecientes a una empresa telefónica. Después de cargar el material en la camioneta, los acusados abandonaron el lugar.

Cómo habría sido el robo de cables en Barrio Sur

La Unidad Especializada de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, imputó a los cuatro civiles por el delito de hurto en calidad de coautores. Al efectivo, que se desempeña en el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí, se le atribuyó además el delito de hurto agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci sostuvo que se trató de un hecho planificado y con una distribución previa de tareas. También destacó que la maniobra habría buscado generar una apariencia de legitimidad mediante el uso de ropa de trabajo, conos, cinta y señalización, mientras el policía permanecía uniformado y con su arma reglamentaria.

“Es un hecho sumamente grave donde han intervenido siete personas que fueron grabadas. Fue previamente planificado y con una distribución de tareas”, expuso Martucci durante la audiencia. El representante del Ministerio Fiscal también informó que dos de los presuntos integrantes del grupo permanecen prófugos.

La investigación cuenta además con un registro fílmico aportado por un empleado de la empresa damnificada. A esto se sumará el análisis de otras cámaras de seguridad, el peritaje de seis teléfonos celulares secuestrados y una rueda de reconocimiento de personas.

Cuánto valían los cables robados

El abogado de la querella estimó que el material sustraído representaba unos 2.500 kilos de cobre. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el valor de los cables alcanzaría aproximadamente los $37 millones.

El fiscal también señaló que uno de los acusados, de 33 años, ya tiene una causa en trámite por un hecho de características similares y en perjuicio de la misma empresa. Ese expediente es investigado por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III.

Además, Martucci marcó contradicciones en las declaraciones de tres de los imputados, de 25, 26 y 33 años. Según explicó, al momento de brindar sus datos dijeron ser trabajadores independientes, aunque serían empleados públicos, uno de ellos en la Legislatura y los otros dos en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Qué declaró el policía acusado

Durante la audiencia, el efectivo sostuvo que había sido contratado para realizar un supuesto servicio y aseguró que desconocía que se trataba de un robo. “A mí me contrataron para un servicio en negro. Pensaba que era una empresa tercerizada porque los obreros estaban bien vestidos”, declaró.

El policía agregó: “Hubo profesionalismo en el trabajo por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”. La fiscalía, sin embargo, le atribuye una participación agravada en el hecho debido a su condición de integrante de una fuerza de seguridad y a que habría estado uniformado y armado durante la maniobra.

Qué resolvió la Justicia con los acusados

Tras cuatro horas de debate, el juez interviniente rechazó el pedido de prisión preventiva por dos meses realizado por la fiscalía. Sin embargo, dispuso distintas medidas para garantizar el avance de la investigación.

El efectivo policial deberá cumplir arresto domiciliario durante 40 días, con rondas periódicas y sorpresivas. Para los otros acusados se establecieron medidas de menor intensidad y no privativas de la libertad durante dos meses.

La Justicia también fijó una caución real o personal de $3 millones para el policía y de $2,5 millones para cada uno de los otros imputados. La libertad de los acusados quedó supeditada al cumplimiento de esas cauciones, mientras la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y localizar a los dos sospechosos que permanecen prófugos.