Finalizado el segundo juicio por el asesinato de Facundo Ferreira, las partes esperan la nueva sentencia de los imputados Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca. Los jueces del tribunal Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Patricio Prado tendrán hasta este jueves para deliberar cual será la nueva sentencia de los acusados por el crimen de el niño de 12 años que murió de un disparo en la cabeza en marzo del 2018.

Los oficiales acusados, en el primer juicio cuya sentencia se conoció en octubre del 2021, habían recibido una condena de prisión perpetua, marcando un antecedente importante para los casos de gatillo fácil. En febrero de este año, la Corte Suprema de Tucumán resolvió anular el veredicto y ordenar la realización de uno nuevo.

En la exposición de sus alegatos, la fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua para ambos por el crimen de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de la fuerza de seguridad en calidad de coautores. En cambio, las defensas pidieron la absolución.

La acusación de la fiscala Estela Giffoniello, quién inauguró la jornada de los alegatos el día de ayer, radica principalmente en que el motivo de la persecución no pudo ser demostrado y que quienes perpetuaron primero los disparos fueron los imputados. Para la fiscala, la defensa no pudo probar que quienes recibieron primero los disparos esa noche habían sido los acusados. «Los imputados dijeron que dispararon porque los atacaron cuando doblaron por Benjamin Aráoz, pero ¿dónde están esos disparos que dicen haber recibido? por la Benjamín Aráoz no quedó ninguna vaina servida», expresó. Además asegura que los disparos fueron efectivamente de la policía porque las vainas servidas de calibre 22 fueron encontradas «a 100 metros después de las múltiples vainas que dejaron las armas reglamentarias sobre la avenida Avellaneda. ¿Quién se defendió de quién? Los niños, si es que ellos llevaban el arma», y agregó que tampoco se pudo probar que el arma era de Facundo y J.A.

Sobre el origen de la persecución, alegó que la defensa no pudo demostrar el motivo de la misma. El supuesto hombre que les habría advertido que los menores llevaban un arma escondida en sus ropas, no pudo ser identificado y tampoco quedó un registro de esto en las cámaras de seguridad. Finalmente solicitó que los imputados reciban la pena de prisión perpetua.

Carlos Garmendia, abogado querellante, adhirió al pedido de la fiscalía en sus alegatos pero mostrando una distancia con su teoría del caso. La querella responsabilizó al comisario Diego Darío Lezcano, el jefe de los imputados, de haber colocado la pistola de calibre 22 en la escena del crimen, «cuando los testigos fueron llegando a la escena, antes que él, ninguno vio el arma, porque no estaba. Ningún policía la vio hasta que llegó Lezcano; a partir de ahí todo el mundo empezó a ver el arma y ya estaba marcada. Lezcano comenzó a trabajar en la escena del crimen cuando no era su jurisdicción; tomó la decisión de ocuparse para poder acomodarle la escena a sus subordinados», enunció el abogado. Asimismo sostuvo que los niños que iban en la moto no habían realizado disparos. El letrado asegura que se trata de un caso de gatillo fácil y violencia institucional y agregó que considera que estos casos de abuso de poder por parte de las fuerzas deben ser castigados. Seguidamente, pidió perpetua para los acusados.

La defensa representante de Díaz Cáceres, Aurora Díaz Argañaraz y Julio Roque Silva, por su parte, ratificó que su cliente actuó en legítima defensa. Fundamentan que cuando recibieron los disparos, «ellos se manifestaron como policías», Díaz Cáceres, actuó para defenderse «a él, a su compañero y a la sociedad», manifestaron los

Los abogados de González Montes de Oca, Macario Santamarina y Sergio Pérez, sostienen que sí hubo un enfrentamiento y que Facundo sí disparó el arma. Para el abogado se trata de un homicidio justificado, «no porque Facundo se lo merezca, es una categoría que legalmente acepta una conducta que en otras circunstancias sería ilícita», expresó. También se refirió al barrido electrónico que le practicaron a Facundo para ver si tenía restos de pólvora en su mano, y dijo que los resultados fueron erróneos porque la muestra estuvo mal realizada. Por último, argumentaron que su defendido no podría haber efectuado disparos porque iba manejando la moto y es difícil realizar ambas cosas a la vez.

Ambas defensas solicitaron la absolución de los inculpados. Las partes y los imputados deberán esperar hasta el viernes para conocer el veredicto final.