El conductor de una camioneta implicada en un accidente vial que dejó como saldo la muerte de tres personas pagará una millonaria finanza para acceder al arresto domiciliario. Se trata de un trágico accidente que tuvo el pasado 10 de septiembre en la ruta que conduce a Raco.

Según la teoría del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, supervisados por el fiscal Diego Hevia, el domingo 10 de septiembre a las 5.30, Carlos Lencina (41 años) conducía una moto Yamaha YBR, llevando a su hijo Facundo (9) por ruta 341. En ese momento, Mauricio Pereyra (32), quien manejaba un auto Fiat Palio en el mismo sentido, por una maniobra negligente y chocó de atrás a la moto, arrastrándola por casi 50 metros y provocando que Carlos y Facundo cayeran y quedaran tendidos en el pavimento.

De inmediato arribaron al lugar del hecho a bordo de otra moto la madre del menor, Carla Fernández (28) y su hijastra. Mientras procedían a ayudar a los accidentados fue que Gonzalo Francisco Lizárraga, quien conducía a gran velocidad una camioneta Toyota Hilux (también en el mismo sentido), producto de una acción imprudente omitió las señales que le hacían para que frenara y terminó embistiendo a los Lencina, Pereyra y a Fernández, para luego darse a la fuga. Sólo la mujer sobrevivió a la embestida, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 14 de esa ruta.

En la audiencia Rodríguez del Busto lo acusó de «homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, por la multiplicidad de víctimas y por darse a la fuga, en concurso con lesiones culposas a una cuarta víctima». Solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 30 días, medida que fue aceptada por el juez Sebastián Mardiza.

El defensor acusado Juan Colombres Garmendia impugnó el fallo. Días atrás se realizó una nueva audiencia donde el profesional consideró que no era necesario que Lizárraga continúe privado de su libertad porque no había peligro de que entorpeciera la investigación y que no existía el peligro de fuga.

El ayudante fiscal y el abogado a cargo de la querella Aníbal Atria se opusieron a la solicitud. La jueza Marisa Suárez en cambio accedió al pedido del defensor y le concedió el arresto domiciliario tras imponerle una caución de $20 millones, cifra nunca antes impuesta en el sistema judicial tucumano.