El debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a exponer las tensiones internas dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras la mayoría de la conducción cegetista apuesta a negociar cambios en el proyecto y evitar, por ahora, un nuevo paro general, el sector más intransigente presiona para llevar el conflicto a la calle y desgastar políticamente a la administración libertaria.

El primer mes de 2026 será clave. La CGT intentará modificar el contenido de la iniciativa oficial y, en paralelo, bloquear su aprobación en el Congreso. La estrategia estará atravesada por una disputa interna que combina intereses sindicales, posicionamientos políticos y proyecciones electorales hacia 2027.

Una conducción dialoguista con poder real limitado

El actual triunvirato de la CGT —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— exhibe un perfil moderado y proclive al diálogo. Sin embargo, su margen de maniobra está condicionado por los dirigentes que impulsaron esas designaciones y que, aunque sin cargos formales, continúan influyendo en la estrategia general de la central obrera.

En ese esquema aparecen nombres históricos del sindicalismo tradicional, con vínculos aceitados con el poder político y una lógica de negociación permanente con los gobiernos de turno. Esa postura explica por qué, pese al rechazo discursivo a la reforma laboral, la CGT evita por ahora acelerar la convocatoria a un paro general.

El ala dura y la apuesta política contra Milei

Frente a ese sector mayoritario, un grupo de gremios alineados con el kirchnerismo y con el ala más confrontativa del sindicalismo empuja en sentido contrario. Allí confluyen sindicatos industriales, bancarios y del transporte, además de organizaciones que mantienen disputas abiertas con el Gobierno nacional.

Este espacio observa la reforma laboral como una oportunidad para relanzar la protesta sindical y posicionarse políticamente. En ese marco, varios de sus referentes ya se mueven en sintonía con el proyecto presidencial de Axel Kicillof, convencidos de que una escalada de conflictos sociales puede erosionar al oficialismo de cara a 2027.

Negociar sin inmolarse: el límite del diálogo

Incluso entre los dirigentes más moderados existe una línea roja. Si bien mantienen canales abiertos con funcionarios del Gobierno y legisladores aliados, ninguno está dispuesto a pagar el costo político de una reforma que afecte el financiamiento sindical, el poder de negociación gremial o estructuras históricas del movimiento obrero.

Por eso, la CGT intensificará en las próximas semanas las gestiones con gobernadores y bloques parlamentarios para dificultar que el oficialismo reúna los votos necesarios para sancionar la reforma tal como fue presentada. También buscará influir en sectores del entorno presidencial para “suavizar” el contenido del proyecto.

El antecedente de la Ley Bases y un final previsible

La experiencia reciente marca un antecedente claro. Durante el tratamiento de la Ley Bases, la presión sindical logró eliminar decenas de artículos del capítulo laboral, pero eso no se tradujo en un respaldo gremial al proyecto. Aun con concesiones, la CGT mantuvo su rechazo y dejó en evidencia que el conflicto no es solo técnico, sino político.

En ese contexto, incluso si el Gobierno accede a modificar algunos puntos de la reforma laboral, el escenario más probable es una nueva medida de fuerza durante el primer trimestre del año. Un paro general funcionaría como válvula de escape para las tensiones internas de la CGT y como señal de resistencia frente a una agenda de cambios que el sindicalismo tradicional percibe como una amenaza existencial.