Tras el dictamen del procurador del Tesoro para que la SIGEN retome las auditorías en las universidades, estudiantes, docentes y directivos saldrán nuevamente a la calle en reclamo de mayor presupuesto. En paralelo, casi 50 casas de estudios de todo el país continúan con tomas, vigilias y clases públicas. Desde los gremios definieron la federalización de las medidas de fuerza y realizarán tres paros nacionales y distintas concentraciones por regiones. En la mañana de hoy, Policía de la provincia de Tucumán levantó la clases públicas que se realizaban a modo de protesta sobre la avenida Benjamín Araoz, frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Se esperan nuevas protestas en todo el país.

En la tarde de ayer, representantes de la comunidad educativa definieron nuevas medidas frente al conflicto por el salario docente y no docente. Participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Allí se definieron dos nuevos paros además del que ya estaba confirmado para este jueves 17. Se suma un paro de 48 horas para el lunes 21 y martes 22. Además, en noviembre se harán marchas regionales en cinco provincias. Una de ellas sería Tucumán.

Por otro lado, habrá clases públicas todos los miércoles en las universidades de todo el país a partir del mediodía en sintonía con el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. En la mañana de hoy, mientras se realizaba una clase pública de Filosofía de la Ciencia (UNT) con un corte de calle sobre avenida Benjamín Araoz en la capital tucumana, efectivos de la Policía de Tucumán iniciaron un operativo para despejar la zona y habilitar el tránsito.

Estudiantes que participaban del corte vial, aseguraron que habían solicitado un permiso en la Comisaría 11 para realizar la clase sobre la vía. No obstante, las autoridades policiales negaron que el mismo se haya concedido y procedieron a levantar el corte, quitando pupitres y carteles de la vía. Quienes participaban del corte denunciaron un amedrentamiento y represión por parte de la fuerzas de seguridad.

Auditorías

La decisión del Gobierno se basa en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Esto habilita al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades. En 2022, el exprocurador Carlos Zannini limitó esa atribución de la SIGEN. Tras aquella resolución, las auditorías fueron controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano que está bajo el control del Poder Legislativo. Pese a que las autoridades universitarias sostienen que las auditorías se realizan normalmente, estas han sido muy cuestionadas por sectores que demandan mayores controles de los fondos públicos. En muchos casos, se han realizado parcialmente o carecen de frecuencia.