La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) afronta una semana decisiva. Tras tres meses bajo secreto de sumario, este martes comenzarán las indagatorias que buscan esclarecer el supuesto entramado de pagos ilegales dentro del organismo estatal.

El primero en declarar ante el juez federal Sebastián Casanello será Miguel Ángel Calvete, acusado de participar en maniobras irregulares. El miércoles seguirá Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y señalado como principal responsable de la estructura investigada.

La Justicia citó a un total de 15 imputados, entre exfuncionarios, empresarios del sector farmacéutico, prestadores médicos y operadores vinculados al manejo del sistema interno del organismo. Según el expediente, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se habrían realizado contrataciones con sobreprecios por más de $43.000 millones.

En paralelo, Casanello ordenó la detención de Pablo Atchabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, quien se negó a declarar y quedó bajo prisión domiciliaria. Su nombre aparece en chats, documentos y comunicaciones que lo vinculan directamente con proveedores presuntamente favorecidos.

Entre los imputados también figuran Daniel María Garbellini (exnúmero dos del organismo), Eduardo Nelio González (director nacional de Apoyo) y Lorena Di Giorno (funcionaria del área PACBI). La causa también incluye a operadores técnicos que habrían intervenido en el manejo ilícito de fondos y en el funcionamiento del sistema SIIPFIS, clave en las contrataciones públicas.

La investigación detectó además la intervención irregular de Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien habría operado dentro de la Agencia por pedido de Atchabahian. También se registraron vínculos sospechosos con las droguerías New Farma y Floresta, cuyas autoridades mantienen relación personal y comercial entre sí.

Otro de los citados es Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, quien tenía nexos directos con Calvete y Atchabahian. La pareja de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, fue señalada como responsable de mover grandes sumas de dinero en efectivo. También aparecen mencionados Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, ligados al transporte de fondos a través de empresas de aviación privada.

Qué investiga la Justicia

El fiscal federal Franco Picardi intenta determinar si existió un esquema de corrupción estructurado dentro de un área crítica del Estado, encargada de administrar recursos destinados a personas con discapacidad.

Para la Justicia, la ANDIS habría funcionado como una estructura coordinada para direccionar contratos y defraudar al Estado, utilizando el sistema SIIPFIS como fachada de transparencia.

Entre las pruebas reunidas figurarían movimientos de efectivo, transferencias bancarias y cheques emitidos presuntamente entre droguerías y empresas del sector. Según los investigadores, estas operaciones formarían parte de un circuito destinado a blanquear fondos provenientes de contrataciones irregulares.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta integraron un entramado funcional, con roles distribuidos para concretar y facilitar los direccionamientos de compras y servicios.