Comenzó el juicio por la causa del extorsivo secuestro de Franco Nicolás Lizárraga (33 años) en la madrugada del 20 de junio de 2021 en San Miguel de Tucumán. Son cinco los acusados por el hecho, dos pertenecientes al personal de la policía, Luciano Campos y Jonathan Díaz; además el federal Gonzalo Lagoria y el civil Ángel Medina quien manejaba un auto Chevrolet Onix y en su momento declaró haber estado acompañando el ‘operativo’. También quedó detenido el hermano de Ángel, el policía Néstor Medina a partir de las pericias realizadas a los celulares de los inculpados.

Los inculpados escucharon lo primeros testimonios de los testigos Ayelén del Carmen Noria, Javier Ernesto Ovejero y el policía Pablo Natanael Cuello sobre el ílicito que ellos sostienen que se trató de un operativo policial. Declararon ante los jueces federales Enrique Lilljedahl, Noel Costa y Carlos Jiménez Montilla.

Noria, empleada del drugstore donde Lizárraga se detuvo a comprar, expresó que atestiguó el momento en el que un grupo de hombres rodeó a la víctima y fue obligado a subir a una camioneta EcoSport. «Mi compañero, que se encarga de la seguridad del local, intentó intervenir pero retrocedió cuando uno de los hombres le mostró una placa y le dijo: ’somos policías’», declaró.

En su declaración, Ovejero, amigo de Lizárraga, relató que los secuestradores lo llamaron pidiendo dinero o droga a cambio de liberar a la víctima. «Me decían que eran de la Digedrop, después que eran de la Policía Federal y después de la Brigada. Se lo escuchaba de fondo a Franco que gritaba. En un momento me pasaron con él y me dijo ’por favor ayudame, me quieren meter preso y dicen que van por vos después’», expresó.

Por su parte, Cuello, efectivo de la Guardia Urbana, asegura que le notificaron por radio sobre los datos de la patente de una camioneta EcoSport. «A los pocos minutos vi que estacionaron la camioneta a pocos metros de donde yo estaba. Lo mismo hizo un Chevrolet Onix que la seguía. Corroboré el dominio y avisé para que enviaran refuerzos», sostuvo. 
Los acusados niegan las inculpaciones y ratifican que estaban trabajando en un operativo antidrogas. El juicio continuará en los próximos días.

Según la Unidad Investigativa de Delitos Flagrantes II, los dos policías de la provincia debían haber estado de guardia en dos puntos de la ciudad pero dejaron sus puestos para involucrarse en el ilícito. Lagoria, por otro lado, no contaba con ninguna autorización judicial para realizar un operativo antidrogas ni privar de su libertad a alguien. El secuestro ocurrió delante de la esposa de la víctima, Tania Lorena Paredes, y de su hijo de meses, a Lizárraga, lo bajaron de su taxi a punta de pistola y a golpes.